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La ocupante de Viñagrande se encierra en la casa para no ser desalojada
El desahucio se ha suspendido para evitar incidentes con los vecinos | | Oficina de Prensa del Ayto. 16.11.06 | |  En la mañana de hoy, numerosos dispositivos de la Guardia Civil y la Policía Local, acompañando a los trabajadores de la empresa EPSA (Empresa Pública del Suelo de Andalucía), dependiente de la Junta de Andalucía, para proceder al desalojo de una vivienda situada en la calle La Parra de la urbanización Viñagrande de Alhaurín de la Torre. Esta actuación se iba a ejecutar cumpliendo la orden emitida por un juzgado, ya que la vivienda social, propiedad de la Junta de Andalucía, fue ocupada de manera ilegal, hace dos años por una joven de 21 años, junto con su hija que ahora tiene tres años de edad, con una “patada en la puerta” tal y como esta madre soltera ha declarado.
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Sin embargo, tras más de dos horas de espera en la puerta de la ocupante no se ha producido tal desalojo debido a la complicada situación, ya que la mujer se encerró en el interior de la casa con su hija y su madre para evitar el desahucio. Asimismo, una treintena de vecinos han apoyado a la joven con una concentración en la puerta del inmueble, en la que se ha colocado una pancarta en la que se podía leer ‘Madre soltera en la calle con su hija’
Tanto los responsables de EPSA, como los agentes de la Policía Local trataron en varias ocasiones de convencer a la mujer de que abandonara la casa de forma voluntaria, sin embargo los intentos no surtieron efecto. Finalmente, para evitar cualquier tipo de incidentes con los vecinos y la ocupante, las cinco patrullas de la Guardia Civil y las de la policía se han retirado suspendiendo el dispositivo para el desalojo.
Desde este Ayuntamiento se quieren clarificar los hechos: La ocupación de la casa por parte de este persona junto con su pareja de entonces y una hija pequeña, se produjo hace dos años, cuando los mismos invadieron una vivienda social en régimen de alquiler de las existentes en Viñagrande que se encontraba vacía y precintada por orden judicial, siendo la propiedad de la misma de la Junta de Andalucía.
Ante una denuncia vecinal de esta ocupación ilegal, la EPSA, Empresa Pública de Suelo de Andalucía, dependiente de la Junta, abrió expediente de desahucio, y notificó a la ocupante que el desahucio se produciría hoy jueves.
El martes al tener conocimiento de este hecho, pues EPSA solicitó ayuda municipal para llevar a cabo la acción, el concejal de Bienestar Social José A. León se puso en contacto con la ocupante, visitándola personalmente en casa de sus padres donde al parecer la ocupante pasa la mayor parte del día, para hacerle un ofrecimiento de ayuda en cuanto a la posibilidad de que los Servicios Operativos se hicieran cargo del transporte de los enseres, o la misma delegación de Bienestar Social, les gestionara durante un par de meses un alojamiento en alquiler por emergencias hasta que resolviera su situación.
La ocupante le solicitó al concejal, que siendo el Ayuntamiento quién recomienda a la Junta la designación de los inquilinos, que intercediera para que no se produjese el programado desahucio y ella quedarse a vivir en esa vivienda.
El concejal le hizo saber que eso era totalmente imposible, ya que existía una lista de espera de 150 solicitudes, cada una de ellas con una problemática particular, alguna de ellas mas perentorias que la de la ocupante y que por tanto, no podía adjudicarle esa vivienda saltándose la preceptiva lista de espera y la baremación de solicitudes y necesidades para esa adjudicación.
Ante este caso el Ayuntamiento quiere informar que:
1º Quien ha solicitado el desahucio es la empresa pública EPSA, dependiente de la Junta de Andalucía y junto con este caso, hay dos más notificados y cuyo lanzamiento se realizará en poco tiempo.
2º El Ayuntamiento respetará minuciosamente la legalidad y aplicará la lista de espera para los inquilinos que ocupen esta vivienda una vez que sea desocupada.
3º El Ayuntamiento informa que no tiene más casos conocidos, aparte de los tres señalados, de ocupaciones ilegales de viviendas sociales en régimen de alquiler, por tanto, solicita encarecidamente a la oposición o a los vecinos que tengan conocimiento de algún otro, que presenten denuncia por escrito directamente en la Junta de Andalucía o en la concejalía desde donde se dará traslado.
4º El Ayuntamiento quiere protestar ante la aptitud tomada por IU, quien bajo la premisa de que este ayuntamiento no hace viviendas de VPO, algo que no es cierto ya que son mas de trescientas las que están en marcha, dos promociones municipales actualmente en construcción y otra en trámite, justifica la acción de esta ocupante ilegal dando a entender que tiene una motivación para saltarse la legalidad invadiendo una vivienda ajena. |
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