El desahucio previsto en Viñagrande lo ejecuta la Junta de Andalucía

Ante la información facilitada por una vecina de este pueblo de nombre Rocío sobre un desahucio que la misma sufrirá mañana jueves, este Ayuntamiento quiere aclarar lo siguiente: La ocupación de la casa por parte de este persona junto con su pareja de entonces y una hija pequeña, se produjo hace dos años, cuando los mismos invadieron una vivienda social en régimen de alquiler de las existentes en Viñagrande que se encontraba vacía y siendo la propiedad de la misma la Junta de Andalucía. Ante una denuncia vecinal de esta ocupación ilegal, la EPSA, Empresa Pública de Suelo de Andalucía, dependiente de la Junta, abrió expediente de desahucio, y ha notificado a la ocupante que el desahucio se producirá mañana.

Ayer, al tener conocimiento de este hecho, pues EPSA solicitó ayuda municipal para llevar a cabo la acción, el concejal de Bienestar Social José A. León se puso en contacto con la ocupante, visitándola personalmente en casa de sus padres donde al parecer la ocupante pasa la mayor parte del día, para hacerle un ofrecimiento de ayuda en cuanto a la posibilidad de que los Servicios Operativos se hicieran cargo del transporte de los enseres, o la misma delegación de Bienestar Social les gestionara durante un par de meses un alojamiento en alquiler por emergencias hasta que resolviera su situación.

Rocío le solicitó al concejal, que siendo el Ayuntamiento quien recomienda a la Junta la designación de los inquilinos, que intercediera a la Junta para que no se produjese el programado desahucio y ella quedarse allí a vivir.

El concejal le hizo saber que eso era totalmente imposible, ya que existía una lista de espera de 150 solicitudes, cada una de ellas con una problemática particular, alguna de ellas más perentorias que la de la ocupante y que por tanto, no podía adjudicarle esa vivienda saltándose la preceptiva lista de espera y la baremación de solicitudes y necesidades para esa adjudicación.

Ante este caso el Ayuntamiento quiere informar que:
1º Quien ejecuta el desahucio es la empresa pública EPSA, dependiente de la Junta de Andalucía y junto con este caso, hay dos más notificados y cuyo lanzamiento se realizará en poco tiempo.
2º El Ayuntamiento respetará minuciosamente la legalidad y aplicará la lista de espera para los inquilinos que ocupen esta vivienda una vez que sea desocupada.
3º Ante la posibilidad de que este caso se intente politizar por parte de la oposición, cosa que seguramente ocurrirá, el Ayuntamiento informa que no tiene más casos conocidos, aparte de los tres señalados, de ocupaciones ilegales de viviendas sociales en régimen de alquiler, por tanto, solicita encarecidamente a la oposición o a los vecinos que tengan conocimiento de algún otro, que presenten denuncia por escrito directamente en la Junta de Andalucía o en la concejalía desde donde se dará traslado.