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Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. | | Francisco Pérez Ríos. 10.12.13 | | El BOE número 295 de fecha 10/12/13, pública la Ley de Transparencia Pública, dicha Ley entrará en vigor con algunas reglas como: Las disposiciones previstas en el Titulo II entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, los títulos preliminares I Y III entrarán en vigor al año de su publicación en el BOE.
Una Ley muy extensa y complicada que abarca a casi toda la Organización y Funcionamiento del Estado, una ley que llega tarde cuando las arcas del país ya han sido saqueadas en miles de casos; también es cierto que hasta la fecha existen leyes importantes en vigor y sin embargo la corrupción ha campado a sus anchas a pesar de las mismas, especialmente y supuestamente en las Administraciones Públicas.
| Artículo 1. Objeto.
Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
El titulo I, que no ha entrado en vigor, habla de la transparencia de la actividad pública.
El titulo II que entra en vigor, habla del buen gobierno, ámbito de aplicación, principios del buen gobierno, infracciones y sanciones, conflicto de intereses, infracciones en materia de gestión económica-presupuestaria, infracciones disciplinarias, muy graves, graves y leves, sanciones, órgano competente y procedimiento, prescripción.
El titulo III que no ha entrado en vigor, habla del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, fines, composición, comisión de Transparencia y Buen Gobierno, del Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, funciones, régimen jurídico, relaciones con las Cortes Generales y ocho disposiciones adicionales y 9 finales.
En definitiva una ley que nos concierne a todos, que es necesario conocer y que si se aplica bien, supuestamente dará lugar a una mínima corrupción y especialmente que seamos más honestos y protejamos más el dinero y los poderes públicos.
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