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Feliz 6 de Diciembre de 2013 o trigésimo quinto aniversario de nuestra Carta Magna | | Union Progreso y Democracia. 06.12.13 | |  Javier Bueno.-Son 35 años de democracia que a todos nos llena de orgullo. Pero no seamos hipócritas la constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y en ella se propugnan como valores superiores la libertad, la justicia ,la igualdad y el pluralismo político. Asimismo, se afianza la soberanía popular se establece la división de poderes, el poder judicial recae en los jueces y un largo etc. ¿Pero de verdad se nos están reconociendo estos derechos que sí que son recogidos en nuestra Norma vertebral? | No con esto quiero demonizar lo que para los españoles supuso un gran cambio, una transición de un régimen fascista a regirse por una constitución que consagraba un Estado social y democrático de Derecho. Pero los tiempos son otros y las cosas han cambiado mucho desde 1978 y creo que va siendo hora de someterla a una profunda modernización que se adapte a las realidades de los tiempos que corren.
Si esto llegase a pasar me atrevería a soñar con que algunos de estos cambios tuvieran relevancia en temas que tanto nos afectan como:
“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".
El coste del fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros al año, alrededor del 23% del PIB, lo que equivale al presupuesto total del sistema sanitario español.
“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.
El desempleo en España roza los 6 millones, según la EPA. La falta de trabajo ha convertido a España en uno de los países de la UE con mayor riesgo de pobreza. Según y el 16,9% de los hogares tiene "mucha dificultad" para llegar a fin de mes.
"Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes".
Las universidades españolas han perdido desde 2008 más de 1.240 millones de euros en sus presupuestos y los estudiantes han visto subir exponencialmente las tasas universitarias. Esto ha hecho que hasta 30.000 universitarios se encuentren al por impago. La aprobación de la Lomce, con tan solo el voto del PP y el rechazo de la comunidad educativa, es contradictoria también con este artículo.
"Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo".
Es difícil decir cuál de las dos premisas de este artículo de la Constitución se cumple menos. Las desigualdades económicas cada vez son mayores en un país que todavía no es capaz de generar empleo. Según un reciente informe de los Técnicos de hacienda, el 20% de los españoles más ricos acapara el 44% de los ingresos en España.
"Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres".
Más de dos millones de parados no reciben ningún tipo de prestación. Sólo el 63% de los desempleados reciben ayudas públicas, la tasa más baja desde que comenzó la crisis.
"Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto".
Las 'mareas blancas' han recorrido las calles de la geografía española en defensa de la Sanidad Pública y contra los recortes. Privatización de servicios, falta de atención sanitaria a los 'sin papeles' o el copago de medicinas y servicios, son algunas de las consecuencias de la austeridad. En un reciente informe, la OCDE alertaba del peligro de que ciertas personas sin recursos no puedan acceder a ciertos cuidados.
"Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho".
La subida al 21% del IVA cultural ha supuesto un auténtico mazazo para el sector. En 2012 cerraron 2.000 empresas dedicadas a este ámbito y el número de personas empleadas en el mundo de la cultura pasó de los 481.700 del año 2011 a los 457.600 de 2012.
"Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general".
La investigación no ha sido inmune a la crisis económica y el gasto el pasado año descendió, lo que supone volver a los niveles de inversión de 2007.
"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".
Los procedimientos de desahucio iniciados en los juzgados españoles en el primer semestre de 2013 ascendieron a 41.595, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural".
Más de la mitad de los jóvenes está en paro en nuestro país, una situación que se ha convertido en el gran drama de la crisis y que ha provocado la preocupación de que haya una 'generación perdida'.
“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.
A pesar de este mandato en la Carta Magna, los casos de corrupción en administraciones públicas son portada todos los días, desde el 'Noos' hasta el'Naranjax', pasando por 'Gürtel' y 'Pokémon'. Por eso mismo la población española espera que la corrupción de políticos, sindicatos y asociaciones empresariales sea combatida con firmeza.
Además desde mi grupo UPyD proclama la reforma de la ley electoral que trata de implantar un sistema de elección de candidatos a las listas justo equitativo y que no permite la intrusión de personas inmersas o condenadas por procesos de corrupción amén de promulgar la pluralidad política tan absorbida por los grandes partidos de este país..
Javier Bueno, miembro del CL de UPyD |
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