Se deduce,
a) La cantera El Tronconal tiene que dejar de existir ya y precintarse sus instalaciones,
b) La cantera Retamero no tiene instalaciones (las retiró hace años), para reinstalarlas tendría que adquirir legalidad minera, medioambiental y urbanística, no puede pues reiniciar su actividad como planta de machaqueo que sería la única posible, por la elemental razón de que no tiene planta sobre el terreno, tampoco puede restaurar hasta que tenga las legalidades precitadas y que exige la Justicia,
c) La cantera Pinos de Alhaurín tiene una gran planta de machaqueo y clasificación de áridos, cuya legalidad urbanística procede de que las organizaciones ciudadanas que denunciaron a las canteras ante el Ayuntamiento de Alhaurín de Torre en 1.999, olvidaron añadir a su petición de paralización de las canteras, también la paralización de sus instalaciones y plantas de machaqueo, por lo que el Juez las dio por legales y ahora lo son por sentencia firme, pero sólo en su aspecto urbanístico, de la legalidad minera carece la planta de machaqueo de la cantera Pinos de Alhaurín, al no haberse tramitado sus permisos y autorizaciones por el artículo 138 del Reglamento General Para el Régimen de la Minería (RGRM), trámite inexcusable y reglado, así pues y por el propio Auto 595/06, es ilegal dicha planta, no puede adquirir áridos en rama del exterior para tratarlos en esas instalaciones hasta que previamente se legalice en las tres vertientes que le afecta, legislación minera, medioambiental y de ordenación del territorio,
d) La cantera Taralpe está en idéntica situación que la cantera anteriormente tratada Pinos de Alhaurín respecto a sus instalaciones, es decir, tiene una mínima legalidad urbanística procedente de sentencia firme que así se lo reconoce, pero carece de la legalidad sustantiva por no tener la aprobación correspondiente del Director General de Minas y demás trámites exigidos por el art. 138 del RGRM para la legalización de sus instlaciones, trámites de legalización que pide se cumpla la sentencia según el indicado Auto que resuelve un incidente de su ejecución, son pues las instalaciones de estas canteras ilegales por contrarias a la sentencia firme. Desde luego, no podrá recibir otras instalaciones ajenas que no estén previamente legalizadas y autorizadas; tal como pretende el acuerdo Marco; si se instalan nuevas plantas en Taralpe (sean o no de otra titularidad) tendrán que justificarse y legalizarse, cualquier otra acción resultaría incompatible con el Auto Judicial 595/06, que es muy claro en cuanto a las legalzaciones y a la unidad productiva de una cantera. Si tal sucede, o sea se legalizan las instalaciones como es debido, los áridos en rama los tendrán que recibir del exterior para tratarlos y comercializarlos en su/sus plantas autorizadas,
e) En general, el acuerdo Marco (AM) que se basa en la extracción de áridos de los frentes por cuenta, o con el pretexto, de la restauración, no podrá llevarse a cabo porque el Alcalde de Alhaurín de la Torre “de iure” no puede dar licencia a una restauración que no tiene la debida aprobación explícita de Minas e informe favorable igualmente explícito de Medio Ambiente (digo informes, no cualquier otro documento) y, Minas, como administración con competencias sustantivas, no puede aprobar la nueva restauración (la del acuerdo Marco), sin anular fundadamente la anterior (que es la ya aprobada por esa misma administración), así pues, el Alcalde, cabe entenderse que puede dar licencia a la restauración preexistente aprobada legalmente tras un largísimo proceso, pero no puede aprobar licencia para la segunda restauración mientras esté vigente la primera. Según impone el Auto precitado, ha de proceder a la instauración de la legalidad general de la situación urbanística que ya está vulnerada por la existencia de las canteras y es de competencia municipal e imposición, en su caso, de las sanciones que sean pertinentes, así como, se debería comprobar por los órganos municipales que las solicitudes correspondientes de nuevas licencias, ya gozan de la legalidad sustantiva otorgada por la administración minera, para no incurrir en dar licencia a una pretensión ilegal. De otro modo, si da licencia como al parecer se propone, a la restauración del AM, sin tener en cuenta estas premisas del Auto Judicial, su actuación podría ser considerada nula de pleno derecho, además de poder someterse a consideración del Fiscal la determinación del tanto de culpa por desobediencia; pero lo paradójico del caso es que la restauración preexistente digna de obtener licencia, apenas si produce áridos en su ejecución pues que lógicamente no estaba pensada para eso y, la pensada para producir áridos en abundancia (la del A.M.), es ilegal, por lo que no debería recaer sobre ella licencia municipal, ni para las extracciones de roca previas que durarían diez años, ni para la reforestación prevista posteriormente.
f) Si las canteras paralizadas, con sus instalaciones y plantas, se tramitan nuevamente y obtienen legalidad, lo que es perfectamente factible, no pueden acceder, por imposible, a otra sección del art. 3.1 de la Ley de Minas que la A) regulada por el R.D.107/95, el cual a su vez, no permite a cada una de las canteras ventas anuales superiores a cien millones de pesetas (o su equivalente e euros), entre otras limitaciones que les resultarían inasumibles a dichas canteras en sus condiciones actuales, en las que en realidad venden del orden de veinte veces más de lo legalmente permitido, causando igualmente un impacto ambiental también veinte veces superior al debido; en estas condiciones su legalización siempre encontrará oposiciones insalvables, sólo quizás, tras aceptar la desaparición de la mayoría de las canteras, podrían intentar legalizar por la sección C) de dicho artículo 3.1 alguna explotación que cumpliera con todos los requisitos, única salida legal y económicamente factible para restablecer el principio de legalidad sin caer en criterios maximalistas,
g) Si se prolonga el pulso al Estado de Derecho con la existencia y continuación extractiva de las canteras con sus plantas actuales, sólo será posible en flagrante fraude de Ley en su concepción y propósito, una huida hacia delante llamada Acuerdo Marco para la Reforestación etc., que contra vientos y mareas se quiere imponer e incurriendo además, presuntamente, en desobediencia a sentencia firme,
h) Ha de tenerse en cuenta que las plantas de machaqueo aprobadas por el Ayuntamiento en tiempo pretérito, son ahora legales urbanísticamente por imperio de sentencia firme y porque no se pidió su cierre en el momento oportuno cuando se solicitó el de las canteras, pero lo cierto es que no gozan de ninguna otra legalidad, las cuales son imprescindibles como sustantivas tal como sucede con la legalidad minera y la legalidad medioambiental inexistentes y que el AM ni contempla; el Ayuntamiento pues, no tendría que haber extendido licencias para instalaciones en aquel momento ilegales (art. 138 del Reglamento General para el Régimen de la Minería), pero sí lo hizo en algún caso, por lo que una actuación fraudulenta municipal ha devenido en legal a través de sentencia firme como tal inapelable, pero que a su vez la propia sentencia indica, según aclara el Auto, dichas instalaciones deberán cumplir con las demás legalizaciones para poder ser aprobada., De dicha sentencia, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y los canteros usan la parte que les conviene, por el contrario en las que no les es favorable, en un intento de quiebro a la Ley, se proponen “puentearla”, es decir, tratan de no reconocer que las cantera son ilegales, que las instalaciones y plantas de machaqueo, también lo son e imposibles de legalizar por el camino emprendido y que, canteras y plantas deben ser paralizadas inmediatamente, muy al contrario, se proponen autorizarlas con sus componendas en el plazo de un mes.
2. El Delegado de la Junta de Andalucía en Málaga dice sin pudor en los medios de comunicación, que en un mes el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre tendrá preparados los trámites y actuaciones del Acuerdo Marco para que las canteras continúen su actividad normal, es decir, para que las decisiones de la justicia queden sin ejecución; lanza las típicas amenazas de desabastecimiento, pero dice que en todo caso los áridos se traerán de otras provincias, ¿quién se lo habrá dicho? Porque parece que quien habla es el gerente de las canteras. O, ¿es que piensan subir aun más los precios de los áridos, aprovechando la coyuntura y con la excusa de traerlos de fuera?
Que no se preocupen el Delegado de los canteros, que el mercado es mucho más rápido y flexible de lo que él se imagina, si se le deja actuar, no habrá desabastecimieto, no se romperan los equilibrios económicos, si no es forzado por huelgas y presiones mafiosas, de quienes son productores y receptores de los áridos a la vez y beneficiarios de las mismas (quizás al menos las paguen). Que, lo que se romperá será su monopolio no el mercado de la construcción y esto sí que parece procupar, áridos hay muchos es un producto abundante y barato, no lo contrario como nos quieren hacer ver a los ciudadanos para amenazarnos con terribles consecuencias. ¿De que lado está?
Recientemente ha publicado un periódico de tirada nacional un artículo titulado “CORLEONES”, en el que se explica la diferencia entre la mafia italiana (en extinción) y la española (en auge), la primera se caracteriza porque intenta su acercamiento a las instituciones, la segunda, porque son los dirigentes de las instituciones los que se acercan a las mafias. En este asunto de las canteras el papel de las administraciones competentes Junta de Andalucía y Ayuntamientos, ya todos con las caretas quitadas no es que sea bochornoso, es nauseabundo.
3. El Mercado de los áridos en la Costa del Sol y Campo de Gibraltar, desde hace muchos años está sometido a un férreo monopolio político industrial, que tiene como consecuencia un precio ficticio para una materia prima básica y de consumo masivo en la construcción, el tandem administración con sus productores afines, se encarga de mantenerlo, ello tiene unas consecuencias nefastas’ para el libre juego del mercado, la creación de nuevas industrias de producción de áridos, que no son autorizadas o se sabotean, el consecuente empleo y, en definitiva, para el precio de los productos terminados como son urbanizaciones, viviendas etc. Quienes controlan el precio de la más importante materia prima y a la vez actúan como grandes consumidores de las mismas, tienen una posición dominante en el mercado que no permite la Ley, pues que ejercen control sobre el precio de la materia prima en origen’, determinan el precio de los productos intermedios’ del proceso de la construcción como hormigones, morteros, premezclados y prefabricados (hundiendo o controlando a la posible competencia) y sobre el precio del producto terminado imponen su voluntad (cuyos beneficios últimos pueden maximizar al evitar la concurrencia normal y correctiva del mercado). Un negocio fabuloso y presuntamente ilegal en la forma, en el fondo y en el contexto, que sólo es posible en un ambiente de corrupción generalizada donde hallan amparo atropellos e ilegalidades. Mataron a Montesquieu, pero no lo enterraron bien profundo, triste día aquel en el que el Vicepresidente del Gobierno certificó su defunción, hurtándonos a los ciudadanos españoles un principio fundamental de la Civilización Occidental, cual es el de la división de poderes, asumido por la revolución francesa y por innumerables constituciones de nuestro entorno cultural.
-En el caso que nos ocupa ahora, la esencia de la economía de mercado (única posible en el momento histórico presente), ha sido prostituída, para obtener espúreos beneficios y proporcionar enriquecimientos ilícitos. La economía tiene que ser libre para que dé sus frutos a la sociedad, la intervención bastarda de los políticos pudre esos frutos y priva de seguridad jurídica a los negocios lícitos, lo que puede llegar a ser catastrófico, para vender su protección a los ilícitos (presuntamente). El mercado en su funcionamiento puro y transparente conduce a la máxima excelencia económica, progreso y bienestar de los ciudadanos, pero cuando se subvierten sus principios desde el poder, los ciudadanos sólo pueden esperar atropellos y desamparo, que inexorablemente conducen al empobrecimiento de todo orden. Vale la pena seguir luchando.
A pesar de no gozar de la separación de poderes plenamente, también hay que decir que se puede confiar en la honradez y profesionalidad de una gran mayoría de jueces y magistrados, cuyo sentido de la Justicia pasa por encima de avatares políticos, lo que ha permitido que no se derrumbe del todo nuestro sistema judicial. La batalla judicial es el último reducto pues, para los ciudadanos contra maquinaciones, fraudes y monopolios entre administraciones y los poderes económicos que operan es la oscuridad. Lo que incide y es responsable por ejemplo de que la vivienda que, antes no faltaba a los españoles, ahora valga el precio de una vida de trabajo o aun más.
4. El Alcalde de Alhaurín de la Torre, juega un papel clave en el presunto fraude de Ley que supone el Acuerdo Marco para la continuidad de las canteras, su crítica situación no es nada envidiable: en un momento judicial delicado, ha de estar dando cobertura a estrafalarios contubernios, tratando de justificar lo injustificable como viene haciendo, ahora se ve compelido al “más difícil todavía”, no se pueden perder fluidas financiaciones opacas, de esas legales (no digo yo otra cosa) de las que se nutren en parte los partidos políticos. De su reconocida y disciplinada lealtad se exige un triple salto mortal en el que se la juega, hay mucha expectación ¿Se lanzará? (para más emoción repique de canteras como música de fondo) ¡Y no hay red! Si no sale bien el que se estrella es él, no los que le dicen que lo haga. Se va a lanzar el trapecio se balancea… primer salto mortal, no poner a las canteros ochenta millones de multa, lo indica la Ley por infracción urbanística reconocida en sentencia firme como correspondería… segundo salto mortal, dar licencia a una restauración fraudulenta que encubre la continuación de la explotación de las canteras… tercer salto mortal, no exigir que la canteras y sus instalaciones, tenga legalidad por la legislación sustantiva de forma previa a emitir cualquier licencia, con lo que se evitaría lo nunca visto, una explotación de la sección C) encubierta en una actuación de restauración, demasiado difícil un hombre solo (tardaron dos días y dos noches en concebir el engendro muchas personas) y todo a sus espaldas, tanto peso…¡Oh que lástima! Cae, lo retiran herido de gravedad, un buen hombre, sirvió bien a sus jefes políticos; a alcalde a la sombra, alcalde al sol, viva el Alcalde.
La verdad es que el Acuerdo Marco que se pretende aprobar en un mes, según ha dicho el Delegado de la Junta de Andalucía, en su concepción y praxis, parece un chiste (discúlpenme la licencia), pero todo lo que rodea a este asunto es bien serio, sí muy serio; los ciudadanos no podemos tolerar un desafío al Estado de Derecho, nos va mucho en ello, nosotros somos los depositario de la Soberanía, ¿Por quienes nos han tomado? Por borregos, si se transige en que los canteros creen su estado dentro del Estado en Alhaurín de la Torre blindado contra las leyes que rigen para los demás, con su propia constitución (el Acuerdo Marco) como única referencia a acatar ¿Qué vendrá después? Se puede garantizar que en el delirio de poder no nos vayan a exigir, por ejemplo el derecho de pernada, quienes nos representan y administran o sus amiguetes encargados de las finanzas. Los primeros perjudicados son los habitantes de Alhaurín de la Torre, pero todo ciudadano consciente de sus derechos y deberes, deben de estar con ellos. Lo que os ofrecen como zanahoria es inconmensurablemente menor que el palo que os quieren dar. Los 3,6 millones de euros quetan oportunamente anuncia el Ayuntamiento en obras por cuanta de los canteros, habría que preguntarle si ya se lo han dado o es a condición de que tramite una sarta de ilegalidades (presuntas) contrarias a los intereses del pueblo, un toma y daca indigno al que no debiera prestarse la máxima autoridad de ese pueblo.
5. Las canteras huyen de la legalidad como de la peste, se han acostumbrado a enormes beneficios y, no es que sea criticable la formación de capitales, absolutamente precisos y beneficiosos para la sociedad en el sistema en el que se desarrolla nuestra actividad; es que esos capitales tienen cauces legales y fiscales para su formación que son los que hay que usar, salirse de esos cauces es un fraude al conjunto de los ciudadanos. El pelotazo de unos, es la ruína de otros, generalmente asalariados, además, quienes no dan al “Cesar lo que es del Cesar”, no contribuyen a la seguridad colectiva, construcción de hospitales, aeropuertos etc., de las que sí disfrutan y, su ausencia en el pago de impuestos ha de ser prorrateado sobre las espaldas de los demás; los pelotazos no llueven de cielo, lo pagan los contribuyentes y los usuarios en más impuestos y precios desorbitados y aun nos quieren atemorizar.
Ni las cuatro canteras cerradas, ni ninguna de las que operan en el perímetro minero en cuestión, gozan de legalidad desde hace más de quince años, pero se siguen explotando, contraviniendo las legislaciones de Minas, de Medioambiente y de Ordenación del Territorio, con el único sostén y fundamento de la protección de autoridades y administraciones competentes, que no sólo se abstienen de perseguir el delito sino que lo fomentan (presuntamente). Ahora, a través de una sentencia firme obtienen legalidad algunas de las plantas de machaqueo, que no las canteras, dichas plantas no pueden alimentarse de piedra propia de la cantera donde se ubican. Menguada legalidad la alcanzada, que en modo alguno cubre la exigible y exigida en el Auto Judicial, legalidad minera y medioambiental, ni da cumplimento al Reglamento de Industrias Nocivas, Molestas o Peligrosas, poniendo en peligro valores esenciales como la salud y tranquilidad de los ciudadanos.
Los áridos no son motivo de discusión ciudadana en ninguna parte, claro que no es habitual que se produzca una concentración extractiva monopolística tan brutal como la de Alhaurín de la Torre, ni existen lugares donde los laboratorios vendan más esprais respiratorios por habitante y año, la gente aquí protesta y ya se va enterando de que va la cuestión. En otros lugares también hay construcción, pero las canteras que la suministran están distribuídas a lo largo y ancho del territorio y a nadie molestan en especial.
Un pleito en el que sólo se dirimía la legalidad urbanística, planteado contra el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por una serie de asociaciones ciudadanas, ha dado lugar a una sentencia que no contempla la totalidad del problema, pero que no obstante, pudiera coadyuvar a su solución definitiva. No ajena a esa solución posible, es la querella que se instruye en un juzgado de Torremolinos, donde están imputadas muchas personas del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía y de los dueños de las canteras; así pues, mientras continúe la lucha hay esperanzas y la esperanza unida de tantos ciudadanos, es una muy poderosa fuerza, tanto como para vencer con la Ley y la Justicia como únicos estandartes. Eso sí, con tenacidad y paciencia… que se le va a hacer, la lucha es larga, pero ya está la victoria al alcance de la mano, un gran logro ciudadano.
Conclusión.- La novedad más importante es que por fin se está mencionando y exigiendo en los Autos referidos, lo que a toda costa se quería ocultar y eludir: La legalidad minera y la legalidad medioambiental que brilla por su ausencia; no se olvide que ha habido autoridades que hasta han mentido por escrito para encubrir la situación; ambas legalidades por sustantivas y básicas son las que tienen que existir previamente a que el explotador solicite y, en su caso, obtenga licencia municipal para instalar y explotar una cantera. En modo alguno un Ayuntamiento puede obviar la comprobación de si la instancia de solicitud de cantera, instalación de planta o restauración, es sobre cosa legal o no y, si actúa conforme a derecho, no debiera adentrarse en el laberinto de Planes Especiales, Documentos Técnicos, etc. para sustituir a la legalidad real que a la larga habrá de cumplirse; es como si tal Ayuntamiento se empeñara en dar licencia a un laboratorio sin las legalidades previas oportunas de sanidad etc. y luego resultara que estaba proyectado para la fabricación de drogas prohibidas, seguro que antes o después la actividad ilícita saldría a la luz y el laboratorio sería cerrado, a pesar de que con trampas hubiera obtenido la licencia municipal para instalarse. Esto es lo que les ocurre a los canteros de Alhaurín de la Torre que empezaron siendo locales, pequeñas canteras y se les fue tolerando en sus transgresiones (cuando empezaron algunos de estos canteros, ni siquiera era precisa la licencia municipal, bastaba con la legalidad minera de la sección A), las regulaciones mediombientales ni existían, la primera es de 1982), hoy son grandes multinacionales, pero quieren seguir en las mismas, no han conocido la legalidad real durante lustros o nunca, se han beneficiado ampliamente de ello y la situación se ha enquistado, gracias sobre todo a que las administraciones públicas se han arrimado al ascua de los grandes beneficios ofreciendo su “protección”; pero ya han sido descubiertos, o se legalizan o desaparecen, ¿qué ocurrirá?, la situación no es nueva, más bien por el contrario es paradigmática, a mí me recuerda el "Ensayo sobre la lucidez" de José Saramago y "Los apuñaladores" de Leonardo Sciascia, ambas obras ayudan a comprender lo que a veces parece inexplicable.
(27-10-06)
Francisco José Pérez Brinkmann (exvecino de Alhaurín de la Torre) |
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