El problema de fondo que subyace debajo de toda esta desagradable historia es la desmedida demanda de áridos generada por la incontrolada (y frecuentemente irregular) actividad constructiva, lo que está ocasionando cada vez más problemas dado el enorme impacto ambiental que provocan las canteras. Lo primero que deberían hacer nuestros políticos, si cumplieran con su obligación de servir al pueblo, es decidir cuántas viviendas estamos dispuestos a soportar, qué suelo vamos a dedicar a la construcción y cuál va a verse libre de tal amenaza por cuestiones ambientales, de calidad de vida y de disponibilidad de recursos.
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Es decir un plan global serio a medio plazo. En segundo lugar, habría que implantar urgentemente un reciclado integral de materiales de construcción como se hace en otras Comunidades. En Cataluña, por ejemplo, todas las obras (incluso reformas menores) están obligadas a proporcionar todos los escombros generados a una empresa (una concesión administrativa) que las tritura y recicla para usar, por ejemplo, como base de asfaltado de nuevas carreteras etc. Esto disminuiría apreciablemente la demanda de áridos vírgenes, pero mantendría la necesidad de los puestos de trabajo. Ni que decir tiene que, a pesar de las medidas anteriores, necesitaremos seguir explotando canteras. Pero éstas deberían cumplir dos requisitos elementales mínimos: estar alejadas de núcleos de población y no afectar a zonas de interés ecológico. Ocurre que las canteras de Alhaurín no cumplen ninguno de estos requisitos que marca la ley y el sentido común. Se da además la circunstancia (y ahora hace un año) de que el TSJA decretó el cierre de cuatro de ellas por llevar más de 20 años extrayendo ilegalmente árido de forma clandestina. Ahora, el Juez advierte que tampoco es legal la comercialización del árido acopiado que (según intentan hacernos creer) venía haciéndose desde entonces. Es decir, había acopio para un año (¡¡¡???) y todavía hay para un mes más, según nos dicen. ¿Y qué ha hecho la administración durante este año? ¿Ir buscando nuevas zonas donde trasladar la necesaria actividad extractiva que cumplan los requisitos elementales comentados (que son requisitos legales por cierto) y así no arriesgarse a un desabastecimiento del mercado? ¿Acatar, en definitiva, una sentencia judicial firme? Pues no. El Ayuntamiento de Alhaurín y la Junta de Andalucía se han apresurado a buscarle las vueltas a la sentencia para, disfrazándola de restauración, mantener la misma actividad extractiva y en el mismo sitio (cerquita de la costa) durante 10 años (y luego ya veremos). Este Plan ha sido aprobado no sólo por el PP sino también por el PSOE de Alhaurín , que ha rectificado vergonzosamente su criterio siguiendo obviamente instrucciones de sus superiores. Todo este tejemaneje político/minero/urbanístico ha quedado de manifiesto con las reacciones que hemos podido ver tras la nueva decisión judicial, pues el Ayuntamiento afirma que dará nuevas licencias en el plazo de un mes, cuando hace unos días decía que se demoraría más de lo previsto debido a las alegaciones (muy numerosas por cierto) presentadas contra el plan. Recordemos que un mes es el tiempo que dicen las empresas extractivas que pueden seguir suministrando árido, es decir, es el plazo que le han dado antes de empezar con el follón. Se pretende así evitar el cierre que es de lo que se trata. La sierra les importa un pimiento. La destrucción de zonas aún no afectadas va a continuar con el pretexto de hacer las terrazas. La jugada está más clara que el agua. Y es que tenemos unos políticos que nos toman por tontos una y otra vez. ¿Reaccionaremos alguna vez para echar del poder a unos señores que demuestran que sólo se mueven por sus propios intereses o los de su partido? ¿que demuestran sin rubor que no les guía el bien común, sino el de ciertas empresas privilegiadas con las que son especialmente benévolos, ellos sabrán por qué? Al PP ya le salió mal esta actitud (tomarnos por tontos) cuando estaban en el gobierno central tras el atentado de Madrid. Ahora son los dos partidos principales, siempre tan enfrentados, los que se ponen de acuerdo para tomarnos el pelo con lo de las canteras. En nuestra mano está echarlos a la calle de una vez. En primavera empezarán las elecciones.
Eduardo Sáez Maldonado |