• El Juzgado de lo Contencioso declara ilegales todas las actividades realizadas por las canteras a partir de la sentencia de cierre.
Antecedentes. En sentencia del referido juzgado de 31 de julio de 2001, confirmada por otra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 17 de octubre de 2005, las canteras Pinos de Alhaurín de Bernardo Caballero, Troconal del Grupo Sando, Retamero y Taralpe del Grupo Financiera y Minera fueron declaradas clandestinas e ilegales y obligaba al Ayuntamiento de Alhaurín al cierre de estas canteras. El Ayuntamiento decretó el cierre con fecha 7 de diciembre de 2005.
No obstante, según el propio juez (las canteras continuaban realizando ciertas labores) que fueron denunciadas. La continuidad de la actividad se retomó tras un cierre patronal enmascarado de huelga salvaje durante la cual fueron incluso agredidos y amenazados de muerte los defensores del cumplimiento de la sentencia.
Los canteros querían utilizar una artimaña de entretenimiento legal enmascarada en que sólo recogían, transportaban, trituraban y comercializaban lo extraído con anterioridad a la sentencia. Ahora, el Juez prohíbe todo tipo de actividad en estas canteras y considera ilegales las actividades que se vienen desarrollando en las canteras ilegales desde que en el mes de enero éstas comenzaran de nuevo a trabajar a raíz del acuerdo entre el Alcalde de Alhaurín, la Junta de Andalucía, los sindicatos y los canteros.
• Apoyo del Alcalde de Alhaurín de la Torre y altos cargos de la Junta a la actividad ilegal.
En base a un Acuerdo privado firmado el día 13 de Enero de 2006, el llamado Acuerdo Marco que se demuestra ilegal, la propia Junta de Andalucía, el Alcalde de Alhaurín, los sindicatos mayoritarios y la Patronal, pactaron una estrategia que permitió a los canteros la continuidad de las explotaciones desobedeciendo la orden judicial de cierre aludiendo a que únicamente se iba a fragmentar, tratar y comercializar el material extraído con anterioridad a la sentencia.
Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía prepararon un informe en el que se justificaba la continuidad de la explotación de las canteras cerradas por orden judicial en base a los argumentos expuestos anteriormente. ¿Qué intereses mueven las canteras y como consecuencia, las obras públicas de Andalucía, para que los más altos cargos de la Junta utilicen los servicios jurídicos de la comunidad autónoma (con dinero de los contribuyentes) para el incumplimiento de esta sentencia judicial?
El Juez se vio obligado a sustituir la Policía Municipal por el Seprona ante las numerosas denuncias y pruebas aportadas por los vecinos de la continuidad de las canteras cerradas por orden judicial. ¿A cambio de qué el Alcalde de Alhaurín de la Torre entrega a la Junta y a los canteros el patrimonio más importante del pueblo, su sierra? ¿Además de los intereses inconfesables, estará la aprobación del PGOU con miles de nuevas viviendas y como consecuencia, grandes intereses para sus promotores inmobiliarios?
La más mínima dignidad personal exige la dimisión del Alcalde de Alhaurín de la Torre, por haber sido el organizador del incumplimiento de la Sentencia, al permitir la comercialización, venta de áridos, trituración y fragmentación del mismo desde el 15 de enero de 2006, tal como dictamina el Juzgado.
• Consecuencias judiciales, económicas y políticas por el incumplimiento de la sentencia de orden de cierre.
La continuidad de la explotación ha generado un enriquecimiento ilegal de los canteros y posibles delitos de los funcionarios y políticos que han apoyado y permitido la actividad ilegal.
CANTERAS NO – SALUD SÍ | 
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