El Decreto Ley ya aprobado en Andalucía supone medidas urgentes para mejorar la situación de crisis y exclusión social, que viven miles de familias en la comunidad autónoma, y garantizar el derecho a la vivienda como recoge el artículo 47 de la Constitución Española. El recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno del Partido Popular, excusándose en las presiones y amenazas recibidas contra el decreto por parte de la Comisión de la Unión Europea, demuestran con claridad que el gobierno responde ante todo a los intereses de los poderes financieros que dominan esta Instancia Europea, que no son otros que los acreedores internacionales de la banca española. Y va en dirección contraria al camino elegido por otras Comunidades Autónomas como Canarias o Navarra.
Por todo esto, el martes 2 de julio a las 18h cada asociación del Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda convoca a la ciudadanía en cada provincia andaluza a mostrar el rechazo al recurso de inconstitucionalidad. En Málaga citamos a las 18 en la sede provincial del PP sita en la Avenida de Andalucía, 26.
¡Rescate a las personas y no a los bancos!
Comunicación PAH Málaga
Nico Sguiglia (Tlfn.: 617 259 609)
pahmalaga@gmail.com
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Twitter: Pahmalaga | 
Málaga, lunes 1 de julio de 2013. El pasado 28 de junio el gobierno central informaba de un recurso de inconstitucionalidad presentado al Tribunal Constitucional sobre el Decreto Ley 6/2013 de la Función Social de la Vivienda aprobado en Andalucía. Este Decreto Ley ha sido fruto de la movilización ciudadana y reflejo literal de una propuesta que hizo el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda en abril del 2012. Entre las medidas aprobadas destacan la expropiación del "uso de la vivienda" por un plazo de 3 años ante casos de desahucios de familias (que no han podido hacer frente al pago de su hipoteca por encontrarse en una situación de falta de recursos sobrevenida, lo que se conoce como "deudor de buena fe", y en riesgo de exclusión social), y un sistema de penalización mediante el cual se multarán con una cantidad de hasta 9.000 € aquellos pisos que permanezcan vacíos durante más de 6 meses en manos de personas jurídicas (bancos, promotoras, inmobiliarias, etc.) que no se pongan en el mercado de alquiler.
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