Sin embargo, el equipo de gobierno ha comunicado a IU que no acepta dicha  moción, así como otra relativa a la A-7 a la altura del hospital Costa del Sol, por entender que no es competencia del pleno de la Diputación, sino del Patronato.

La portavoz del grupo provincial de IU, Toni Morillas, ha acusado a Elías Bendodo de intentar ningunear a la oposición y de evitar el debate público, ya que no se entiende de otra forma que impida un debate en el pleno, el mismo foro en el que el presidente de Diputación anunció la subvención del IBI. Bendodo utilizó la celebración del debate del estado de la provincia  para anunciar la subvención de hasta el 50 por ciento del IBI “y no nos admiten que le planteemos en ese mismo pleno incorporaciones a su proyecto con una propuesta más justa y redistributiva de la que el PP tiene en mente”.

Morillas también ha destacado que Bendodo no tuvo ningún problema para intervenir ayer en el debate plenario del Ayuntamiento para dar explicaciones sobre el IBI subvencionado, pero no tiene la misma voluntad para hacerlo en el organismo supramunicipal. “El Patronato de Recaudación es un órgano dependiente de la Diputación, cuyo presidente está haciendo una campaña publicitaria paseándose por los pueblos de la provincia anunciándolo”.

La diputada provincial se pregunta si el PP teme que se debatan propuestas más justas sobre la distribución de los impuestos y ha asegurado que se ha constatado que el área de gobierno abierto y transparencia “es marketing puro y duro” y que Bendodo no tiene “interés en profundizar en la democracia cuando ni a los grupos oposición le permite intervenir en el debate de los impuestos”.

MOCIÓN PARA LA COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

Sobre introducción de criterios sociales para la distribución del fondo de subvenciones al IBI para el ejercicio 2014.

El Grupo Provincial de Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía, al amparo de lo dispuesto en los artículos 13.b, 60.3. y 102.2.3. del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Málaga, presenta  la siguiente Moción para ser debatida y votada en Comisión Informativa.

En el Pleno para el debate del estado de la provincia, celebrado el pasado 18 de junio, desde el equipo de gobierno de la Diputación de Málaga se anunció de forma efectista la creación de un fondo para subvencionar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) durante el próximo ejercicio de 2014. En una presentación pública posterior se han ofrecido algunos detalles relativos a los criterios de concesión de las ayudas, que se aplicarán de forma directa, actuando de oficio la administración mediante descuentos en los recibos, cuyo porcentaje oscilará entre el 10 y el 50%, atendiendo al valor catastral de las viviendas.
De esta forma un total de 105.898 inmuebles de la provincia que poseen un valor catastral inferior a 100.000 euros se repartirán los cinco millones con los que se va a dotar el fondo para subvenciones, situándose la mayoría de los beneficiados en los tramos de menor descuento, entre un 10 y 15% de descuento, en los que se concentran el 43% de los inmuebles.
Otros criterios exigidos para que el propietario de un inmueble pueda acceder a este descuento son que no mantenga ninguna deuda en materia tributaria y que tenga su recibo domiciliado a través de una entidad bancaria para el cobro por parte del Patronato de Recaudación Provincial (PRP).
Un aspecto destacable es que esta medida no tendrá carácter universal para toda la provincia, ya que los ciudadanos de cinco de sus municipios se quedan excluidos: Málaga, Fuengirola, Mijas, Benalmádena y Alhaurín el Grande.

La disposición anunciada por la Diputación para el próximo ejercicio se enmarca en un contexto de crisis económica y padecimiento social de la ciudadanía, que el gobierno del Partido Popular ha contribuido a aumentar en el último año y medio, con decisiones como el aumento de la presión fiscal e impositiva sobre la ciudadanía, con determinaciones tan injustas en un contexto de desempleo y crisis del consumo como la subida del IVA o la imposición de una subida en el IBI de entre un 4 y un 10% durante los ejercicios fiscales de 2012 y 2013, un resolución con la que el gobierno del presidente Rajoy carga contra los vecinos, las PYMES y el pequeño comercio, que ya sufren la competencia desleal de las grades superficies, la asfixia en el crédito y el agravio de que el grueso de las ayudas públicas van para aliviar la deuda de la gran banca mientras no se ponen en marcha medidas que graven a la economía especulativa o combatan de forma efectiva el galopante fraude fiscal.
Izquierda Unida rechaza estas políticas impositivas del PP que castigan por igual a todas las economías familiares y empresas, independientemente de su situación o de la renta que perciban, incluso a quienes estén en desempleo. No se pueden soslayar las dificultades que está pasando la ciudadanía para poder mantener sus viviendas en este contexto de crisis, desempleo y precariedad laboral, como demuestra el número de ejecuciones hipotecarias cada vez mayor.
Paradójicamente, hemos de recordar que mientras el PP ha cargado a la mayoría de la población con un aumento generalizado del Impuesto de Bienes Inmuebles, mantiene los privilegios de exención del mismo a la Iglesia Católica; siguen los tipos bajos para las grandes superficies y tampoco se penalizan las decenas de miles de viviendas vacías que existen en la provincia bajo propiedad, principalmente, de la banca y las promotoras.

Penalizar las 120.611 viviendas vacías que según el INI existen en la provincia contribuiría a aumentar la recaudación de los Ayuntamiento para la disposición de fondos que podrían dedicarse a políticas sociales y a materializar la función social que debe tener la vivienda, y que viene garantizado en el artículo 47 de la Constitución Española  cuando establece “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".

Desde el Grupo Provincial de IULV-CA consideramos que los criterios para la distribución del fondo de subvenciones para una rebaja del IBI durante el próximo año, dotado con cinco millones de euros, para un reparto que atienda a principios de justicia social, deben incluir los siguientes aspectos:
Introducción de criterios de valoración social. Ayudas como el fondo de subvención del IBI deben atender a criterios de progresividad fiscal, la medida que plantea el equipo de gobierno contempla como único elemento objetivo la valoración catastral del inmueble, un indicador que no es suficientemente representativo para fijar la progresividad y que, por diversos factores, genera grandes diferencias entre los distintos municipios. El principal criterio para fijar las necesidades y poder aplicar un verdadero criterio social a la hora de la concesión de los descuentos debe ser el elemento de la renta de la unidad familiar, así como otros criterios sociales valorables de forma objetiva: desempleo, número de integrantes de la unidad familiar, personas dependientes…
No exigir la domiciliación bancaria. Resulta llamativa la inclusión del condicionante de que para poder acceder a los descuentos el titular del inmueble tenga que domiciliar su recibo a través de una entidad bancaria. Esta medida dejará fuera de la subvención a numerosos contribuyentes, como puede comprobarse si se atiende a los datos actuales de domiciliación de los tributos que cobra el PRP. La obligatoriedad de la domiciliación bancaria, que se entiende responde a facilitar el cobro de los impuestos por parte del PRP, supone un agravio para todos aquellos contribuyentes que no quieran domiciliar sus impuestos para poder adecuar su fecha de pago a la mejor disposición de su economía particular y, especialmente, dejará fuera de las subvenciones a un buen número de personas mayores que no tienen domiciliados ni desean hacerlo el pago de sus impuestos. Los descuentos deberían reflejarse también en las cartas de pago que emite el PRP y que se abonen en voluntaria.
Excluir a las viviendas vacías. Es un criterio fundamental para que las subvenciones que se apliquen respondan a un objetivo social y no a un desvío de fondos públicos hacia titulares de inmuebles que en lugar de garantizar el derecho de acceso a la vivienda tienen fines especulativos.
Excluir a las entidades bancarias y promotoras. Para que fondos públicos que deben ponerse a disposición de un objetivo social no acaben beneficiando a entidades bancarias y promotoras.
Sólo a la primera vivienda o vivienda de residencia del propietario o aquellas que presenten un contrato de alquiler. Otro elemento que debe tenerse en consideración es que un mismo propietario pueda beneficiarse de la subvención únicamente por una de los inmuebles de su propiedad, aquel en el que tenga fijada su residencia. Tan solo pudiéndose beneficiar de subvenciones complementarias en aquellos casos en los que aquellos inmuebles de su propiedad que no constituyan su residencia estén ocupados por familiares que acrediten con una antigüedad mínima de un año su empadronamiento en el inmueble o que exista un contrato de arrendamiento en vigor.

Con todos estos criterios se avanzaría en la justicia social de la medida de subvención del IBI y se podrían realizar descuentos más sustanciosos a aquellas personas y familias que realmente más lo necesitan.

Por ello, desde el Grupo Provincial de IULV-CA venimos a proponer la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1. Modificar los criterios de concesión de las subvenciones al IBI para el ejercicio 2014 mediante la introducción de criterios sociales complementarios al valor catastral como el nivel de renta de la unidad familiar.

2. Eliminar la obligatoriedad de domiciliación bancaria de los impuestos para poder acceder a los descuentos del fondo de subvenciones al IBI 2014.

3. Limitar la concesión de la subvenciones a aquellos inmuebles con la consideración de primera vivienda y excluir de las ayudas a las viviendas vacías.

4. Excluir de la concesión de subvenciones a aquellos inmuebles que estén bajo la titularidad de entidades bancarias o promotoras.

5. Constituir una Comisión Especial integrada por técnicos del Patronato de Recaudación Provincial y representantes de todos los grupos políticos que conforma la Diputación de Málaga para la reformulación hacia criterios sociales de los requisitos que rigen la distribución del fondo de subvenciones al IBI para el ejercicio 2014.
        
Málaga a 26 de junio de 2013

           
Mª Antonia Morillas González
Portavoz      
    
Pedro Fernández Ibar
Diputado IULV-CA 

 Miguel Díaz Becerra   
Diputado IULV-CA