Por ello, llamamos a una movilización intelectual que promueva una profunda reforma del sistema social y contemple la democracia real, con mayor participación ciudadana y con independencia de los poderes económicos.

La democracia está en peligro. La sociedad está en peligro. No asistimos a una crisis económica sin precedentes, sino a una crisis global, que afecta a todo el sistema en los planos social, institucional, moral, ecológico y de valores, donde el ser humano y el desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente, han sido sustituidos por una actividad económica basada en la especulación.

No podemos callar y estar ajenos a esta realidad, en la que nuestro país figura a la cabeza de la desigualdad social y del paro en Europa. La corrupción, que alcanza a las más altas instituciones del Estado, la desaparición progresiva de la clase media, el avance de la pobreza, con especial incidencia en la juventud, trazan un panorama carente de referencias morales para la ciudadanía, donde, además, buena parte de los medios de comunicación aparecen como extensiones del poder económico y político, y no tanto como instrumentos de vigilancia y control al servicio de la ciudadanía. A ello hay que añadir los efectos dramáticos sobre el empleo provocados por la política macroeconómica europea, a favor del capital, que se argumenta en la ideología neoliberal y se cimenta en la supuesta eficacia autoreguladora de la mano invisible del mercado.

Muchos de los logros alcanzados con el sacrificio de todos, como son los sistemas públicos de educación y salud, que pertenecen al patrimonio público, se convierten en objetivos de las políticas de privatización, lo que significa trasvasar valiosos servicios, infraestructuras y fuerza de trabajo al ámbito del mero negocio mercantil, detrayéndolos de su ámbito natural: la utilidad pública.

El tratamiento fiscal de la cultura, con la fuerte elevación del IVA, también afecta a la esfera pública y supone un desprecio a un sector productivo y dinámico, estrechamente relacionado con el progreso del país, que debiera ser objeto de políticas que corrijan nuestro déficit con Europa.

Para acabar con el estado de degradación moral que sufre nuestro país, es necesaria una auténtica regeneración de la sociedad, y recuperar y fortalecer los valores consensuados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es urgente e imprescindible fortalecer lo público, la sociedad civil y el estado del bienestar en todas las dimensiones: educación, justicia, sanidad, pensiones, vivienda, transporte, patrimonio histórico y cultural...

Es necesaria la defensa decidida de la educación pública de calidad como garantía de pluralidad ideológica, de autonomía y de igualdad de oportunidades, utilizando para ello las extraordinarias posibilidades que abre la era digital.

Por todo lo expuesto, ante una situación histórica crítica, exigimos una reforma profunda de la Constitución, que reequilibre el sistema representativo con medidas de democracia directa y promueva un nuevo orden económico que favorezca la innovación social y el trabajo.

Porque estamos conmovidos e indignados, pedimos y, sobre todo, exigimos verdadera justicia, transparencia, solidaridad, respeto al medio ambiente, empleo digno, auténtica productividad y valoración de la excelencia en todos los campos de la vida.

Esta denuncia, nuestra indignación y nuestro llamamiento no pueden quedar en palabras vacías. Aunque no es posible el optimismo ante una realidad trágica, sí es obligado hacer un llamamiento para conservar la esperanza. Por eso queremos, porque juntos podemos, que estas palabras y nuestra indignación se transformen en acción.