El 20 de abril de 2012 fue el día en el que se puso fin al sistema de sanidad universal que los españoles habían conquistado. El día en que comenzó a forjarse un cambio del modelo sanitario, en el que pasamos de ser los inmigrantes ciudadanos y ciudadanas con derechos para pasar a ser simplemente nada.

Ha sido un año triste, que ha empobrecido a la sociedad española. A todos y cada uno de nosotros y nosotras, pero especialmente a las personas que peor lo están pasando. A las personas inmigrantes que nos hemos quedado sin trabajo, sin recursos y sin tarjeta sanitaria. A las personas jubiladas con pensiones bajas, que “gracias” al copago se las ven y se las desean para completar sus tratamientos. A los y las jóvenes que no han cotizado, que ahora tienen que solicitar una tarjeta de beneficencia para ser atendidos/as en el centro de salud. A las personas desempleadas y a sus familias. A las personas con enfermedades crónicas, cuyas facturas de farmacia suben y suben, porque el copago de medicamentos es un auténtico impuesto a la enfermedad.

La excusa es la crisis. La urgentísima necesidad de recortar gastos, el mantra de la austeridad. Mirando más allá, el argumento da miedo, se ha excluido a miles de personas inmigrantes del sistema supuestamente para ahorrar, aunque está demostrado que negando la asistencia primaria la factura en urgencias se incrementa hasta anular el ahorro. Pero, si la crisis se prolonga ¿quiénes serán los siguientes? ¿Quiénes cuesten más al sistema? ¿Quiénes vayan más al médico o necesiten tratamientos de larga duración?

Hablamos de la vida de las personas. ¿Tuvieron eso en mente quienes aprobaron este decreto injusto, que tanto dolor está provocando? Una norma que no genera ahorro, sino sufrimiento. Que no integra, sino que discrimina. Que no ayuda a curar, sino que castiga a quien enferma.