Ambos salieron adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos (PP, PSOE, IU, UpyD y ERES), y están respaldados en informes previos elaborados por los servicios urbanísticos del Ayuntamiento, basados a su vez en los requisitos que establece el decreto autonómico. Ello se suma a la Ordenanza Reguladora de las Normas Mínimas de Habitabilidad y Salubridad de las Edificaciones en Suelo no Urbanizable, aprobada en el anterior pleno de abril, también por unanimidad, y que era otra de las condiciones de este plan.

Durante la última sesión, el alcalde, Joaquín Villanova, adelantó que el Consistorio está trabajando en la elaboración de un inventario de las construcciones situadas en suelo no urbanizable, para analizar cuántas de las viviendas podrán acogerse a este proceso de regularización, dado que actualmente no existe un cálculo exacto de inmuebles en esta situación.

Hay que reseñar que quedarán excluidas aquellas que se encuentren inmersas en un proceso de sancionador y las que se ubiquen en suelo no urbanizable de especial protección o inundable, como señala la propia normativa autonómica. Una vez se complete todo el proceso, los propietarios de estas edificaciones podrán solicitar un certificado que les permitirá realizar diferentes trámites, como inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad o contratar los servicios y suministros básicos.