Los concentrados han portado pancartas con lemas alusivos a la pérdida de empleos o la desaparición de servicios y consistorios. “Esta reforma puede significar la eliminación de 7.000 empleos públicos en ayuntamientos, la intervención  de 73 consistorios menores de 5.000  habitantes y de 85 municipios de 20.000 y  verán como se les quitan competencias”, ha explicado esta mañana la diputada provincial, Toni Morillas.
La representante de IU ha preguntado al presidente de Diputación, Elías Bendodo, “qué va a pasar con los servicios sociales comunitarios, con los programas de igualdad, con las guarderías municipales, las bibliotecas, etc, que quedan supeditados a los principios de máxima rentabilidad económica”.

En esa línea, el alcalde de Alameda, Juan Lorenzo Pineda, ha explicado que los pequeños municipios quedarán únicamente “para recoger una solicitud y enviarla a la Diputación” cuando algún ciudadano requiera una ayuda de emergencia social, por lo que sus vecinos serán “de segunda” frente a los habitantes de los grandes pueblos. “La Diputación se verá desbordada y privatizará el servicio, lo que significará el aumento de las tasas, cuando los alcaldes no queremos subir impuestos porque la situación no es la adecuada”. Otro argumento en contra de la reforma de la administración local que promueve el PP es el relativo a la pérdida de riqueza y empleo que puede suponer para los pequeños municipios que los servicios dejen de ser prestados por sus ayuntamientos. “Cuando organizamos la limpieza en los colegios, contratamos a personas del entorno, de manera que creamos empleo y repartimos riqueza. Cuando se privatice el servicio, habrá un gerente que cobre un gran sueldo que encarecerá el servicio y todo por hacer el trabajo que hacemos gratis desde el Ayuntamiento”. Pineda recuerda que los alcaldes son elegidos democráticamente cada cuatro años de manera que si los vecinos “no están contentos con los servicios que prestamos, votan a otro, pero si los que presta Diputación no les gusta, carecen de herramientas democrácticas para cambiar a sus responsables”.

Antonio Domínguez, alcalde de Casabermeja, ha explicado que cuando el presidente de Diputación anunció la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Impulso y Asistencia Económica, de 38 millones de euros, para crear empleo, hubo cierto alivio entre los munícipes.  Sin embargo comprobaron que se trata de la incorporación de los remanentes de crédito con financiación afectada de ejercicios anteriores. Es decir que no hay financiación nueva, ni extraordinaria, sino que se trata de los créditos provenientes de ejercicios anteriores y de su incorporación al ejercicio actual, tal como viene ocurriendo “desde tiempos inmemoriales”, lo que provocado una situación de malestar y sorpresa.

Domínguez ha sido el encargado de anunciar la moción que por vía de urgencia va a presentar el grupo provincial en el pleno de mañana y que viene a dar respuesta a la carta que alcaldes han hecho llegar al presidente de Diputación, reclamando un Plan de Empleo Extraordinario y un Fondo de Emergencia Social, financiado con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales positivo en la cuantía de 26.400.912,57€. “En definitiva que se pongan en marcha planes de acción reales, concretos y con financiación verdadera para dar respuesta a los problemas tanto de los municipios como de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia.”