Los alcaldes y concejales de cogobiernos, así como los diputados de IU, Toni Morillas, Miguel Díaz y Pedro Fernández Ibar, y otros representantes de la dirección provincial de la coalición como Fátima Berlanga han estado esta mañana estudiando el decreto de  lucha contra la exclusión social del cogobierno andaluz, algunas de cuyas medidas están dirigidas a financiar municipios para que acometan contrataciones en sectores sociales en riesgo de exclusión y parados de larga duración.

Sobre este asunto, Fátima Berlanga ha recordado que en la provincia hay 96.000 familias con todos sus integrantes en paro y que las medidas que poneen marcha el Gobierno de la Nación están agravando la situación de los dependientes y los sectores más débiles.  Frente a ello, el nuevo decreto andaluz aportará a Málaga 12 millones de euros y contempla medidas urgentes y extraordinarias que tienen como objetivo  incidir en varios flancos. “El decreto busca el acceso a la contratación, amortiguar la terrible situación del desempleo, garantizar el ingreso de solidaridad y asegurar una ingesta mínima de calorías”. Entendiendo que el empleo es la principal medida de integración e inserción social, ha señalado Berlanga, se destinarán a la provincia cerca de ocho millones de euros para contrataciones, mientras que algo más de dos millones tienen por objetivo garantizar a los ayuntamientos el mantenimiento de las horas de la oferta de ayudas a domicilio.

Otro pilar del decreto es el de la garantía alimentaria que busca poner al alcance de las familias en situación de dificultad mecanismos para hacer frente a las necesidades básicas de alimentación. Ello significa que se amplían las ayudas económicas familiares con 750.000 euros en Málaga, mientras que los comedores escolares recibirán 362.000 euros.
Los mayores también tienen un apartado de medidas en el nuevo decreto, ha explicado Berlanga, y entre las mismas se encuentra una línea de catering a domicilio para mayores de 65 años con bajos recursos que no puedan acceder a un servicio de comedor.

Toni Morillas ha recordado que el plan nacional de reformas que el presidente del  Gobierno, Mariano Rajoy,  ha remitido a la Unión Europea vuelve “a cargar las tintas” sobre los dependientes que en Málaga afectará a 30.000 personas. El plan aumenta el copago hasta en un 50 por ciento y hará inaccesibles los servicios para un  importante grupo de sectores sociales. “Estos nuevos recortes vienen a situar en los márgenes de la exclusión social a los sectores más vulnerables de la población, aquellos cuya vida dependen de los demás”.

La dirigente de IU ha defendido que la lucha contra la exclusión social ha de ser la prioridad económica y absoluta de todas las administraciones y que ese objetivo pasa por crear empleo por garantizar la prestación de servicios públicos en el ámbito de lo social y muy especialmente en el de la dependencia.
De ahí, ha añadido Morillas, que se proponga a la Diputación que se constituya una mesa de trabajo en la que estén grupos políticos, ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y colectivos sociales que trabajan en el ámbito de lo social para definir y concretar en el plazo de dos meses un plan de lucha contra la exclusión social.
Al mismo tiempo, IU vuelve a reclamar que de los remanentes de Diputación se destinen cinco millones de euros al mencionado plan y que des de la Diputación se inste al Gobierno Central a retirar las propuestas de recorte de la ley de dependencia que contempla en Plan Nacional de reformas de 2013.
 
IU de la diputación de Málaga