La diputada Fina Santiago señaló en una rueda de prensa que es la primera muerte que se atribuye directamente a los recortes en sanidad.

El 21 de abril el joven inmigrante acudió a su centro de salud y fue derivado al Hospital de Inca, donde se le denegó la necesaria atención médica por no disponer de tarjeta sanitaria. Unos días después del incidente el enfermo murió en su propio domicilio.

“Era una muerte evitable, ya que con un tratamiento sanitario sencillo esta persona ahora estaría viva”, reclamó la diputada de la coalición, quien también ha criticado a Sansaloni por ignorar al Tribunal Constitucional, que presta especial atención al derecho a la Salud y establece que la población del país debe estar por encima del ahorro económico y conservar ese derecho.

“No podemos tener infecciones como la tuberculosis sin controlar. Lo que ha ocurrido es un apartheid sanitario, que responde a una actitud xenófoba y racista”, declaró Santiago.

La coalición interpondrá contra el conceller de Salud una denuncia penal por “denegación de auxilio”, basándose en varios artículos del código penal que apelan al derecho de la sanidad y clasifican como un delito la “negación de auxilio o asistencia”.