El responsable provincial de Política Institucional y Municipal, Manuel García Peláez, ha señalado que las alcaldías deben ser los que básicamente decidan sobre el plan de empleo presupuesto en 60 millones de euros, así como del decreto de renta básica en el que los ayuntamientos “juegan un papel muy importante”.   

Las medidas que está desarrollando el gobierno andaluz destinadas a luchar contra la exclusión social a la que está llevando esta crisis a  miles de familia es fundamental para los ayuntamientos, ya que son las instituciones que prestan directamente servicios y es a la que acuden los vecinos, de ahí que se califiquen de positivas.

En este encuentro periódico de alcaldes y grupos municipales de IU han reiterado su disposición a colaborar con la oficina de Vivienda de la Junta de Andalucía “para exprimir al máximo” el decreto y dar respuesta a los ciudadanos de las más de 20 alcaldías o ayuntamientos en los que gobierna la coalición. En palabras de García Peláez, se trata de garantizar una colaboración entre ambas administraciones.

Continúa la ofensiva contra el decreto de la reforma de la Administración por perjudicial

En la reunión de alcaldes y grupos municipales se ha hablado una vez más de la futura reforma de la administración local que promueve el Partido Popular y del impulso que desde los pueblos se está dando a la campaña puesta en marcha por IU en la provincia. “Se trata de sacar el debate de las instituciones y llevarlo a la ciudadanía mediante asambleas abierta donde se informa de que dicho decreto vulnera la democracia y perjudica la calidad de vida de sus propios vecinos”, ha señalado García Peláez.
En esa misma línea, la portavoz del grupo provincial en Diputación, Toni Morillas, ha explicado que el decreto del Gobierno Central desmantela los servicios sociales de más de 7.000 municipios, de los 8.100 que hay en toda España. “Atenta a la estructura básica de atención, de emergencia a los ciudadanos más vulnerables” y deja sin instrumentos a los ayuntamientos para atender al déficit. “Estamos ante dos modelos claramente diferenciados: el del Gobierno Central que pretende eliminar la estructura de atención básica de las personas que están afectadas por esta crisis, y la del Gobierno Andaluz, que pone en marcha un decreto que da recursos a los ayuntamientos para atender la exclusión social de sus municipios”.

Morillas ha exigido a Diputación que se ponga del lado de estos últimos y dedique los más de 26 millones de superávit a un fondo de emergencia social y un plan de empleo.
IU ha presentado esta propuesta en Diputación y los alcaldes harán otro tanto en los plenos de sus respectivos ayuntamientos.