La mayoría de los delitos económicos prescriben a los 5 años, una legislatura son 4 años, si algún cargo político consigue bloquear un año o varios más las informaciones sobre los trapicheos, los mismos quedan prescritos al no poderse denunciar.
Por todo ello la ausencia de este tipo de legislación favorece la corrupción en las Administraciones Públicas, corrupción que en nuestro país no cesa, encabezando entre otros la relación de los países más corruptos del planeta. Lamentar la lucha titánica de los servidores públicos encargados de la persecución y de hacer cumplir las leyes, que en ocasiones han perdido la vida en pos de su cumplimiento.