“El grupo de IU se equivoca profundamente cuando dice que el cambio estatutario conlleva una merma democrática, ya que la creación del consejo asesor es potestad del equipo de gobierno de la Diputación. La LOULA es una ley autonómica y debería preguntar a su socio de gobierno en la Junta, el PSOE, por qué no introdujo la presencia de alcaldes en los órganos rectores de los organismos de gestión tributaria”, ha afirmado.

Tras la modificación de estatutos, que se llevará a aprobación al pleno del PRP el próximo 10 de abril, el consejo rector quedará formado por la junta de gobierno de la Diputación y un miembro de cada uno de los tres grupos políticos con representación, mientras que el consejo asesor lo integrará el consejo rector más los alcaldes que se elijan en función de las zonas de recaudación de la provincia.

Plan de inversiones productivas

Por otra parte, Salado ha reivindicado la aportación del PRP al Plan de Inversiones Productivas a través del remanente de tesorería surgido de la actividad de gestión y cobro de tributos municipales por encargo de los ayuntamientos. “Juega un papel fundamental en la dinamización económica de las cabeceras de comarca y sus áreas de influencia”, ha dicho. Destacan proyectos como el Teatro de la Costa del Sol de Estepona, el Museo de Arte Provincial de Antequera o la Biblioteca Comarcal de Ronda.

Además, en relación a la inversión general en municipios, el portavoz ha recordado al grupo de IU que el Plan de Asistencia y Cooperación (antigua concertación) está dotado en 2013 con 38 millones de euros, un 40% más que la cantidad inicial consignada en 2012, y por primera vez se destina sólo a municipios menores de 25.000 habitantes.

“Lo cierto es que el equipo de gobierno actual invierte más y mejor que el anterior, y las críticas infundadas de la oposición sólo buscan confundir a los alcaldes con datos inexactos. Es incomprensible”, ha manifestado el portavoz.

Salado ha recordado que los nuevos estatutos del Patronato Provincial de Recaudación supondrán “un paso hacia la legalidad” porque el PRP estaba funcionando con estatutos irregulares desde hace años. “El anterior gobierno de la Diputación ya tenía la obligación de cambiarlos, incluso antes de la entrada en vigor de la LAULA, pero no lo hizo, y ahora el PP en la Diputación lo lleva a cabo para cumplir con la ley”, ha destacado el portavoz.

Desde su fundación en 1986, el PRP ha asumido la gestión y el cobro de tasas, tributos y precios públicos de 96 ayuntamientos y las dos entidades locales autónomas de Málaga, además de la vía ejecutiva de los impuestos autonómicos. Cada año, el Patronato emite alrededor de 4.900.000 acciones de cobro o recibos de unos 40 conceptos distintos, entre los que destacan el IBI, el IAE, circulación, agua, residuos o licencias de apertura. El montante total gestionado supera los mil millones de euros al año.