Una orden reiterativa y carente de sentido, salvo para criminalizar las protestas.

Los juristas de la Liga Anticorrupción han analizado la escueta orden emitida desde la Secretaria de Estado y han señalado que lo ordenado en ella sólo viene a reiterar las órdenes habituales de operatividad que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por escrito. Esto, además de reiterativo, sólo puede comprenderse dentro de la dinámica de criminalización de las protestas en la que están participando miembros del partido en el gobierno, y en la que se ha destacado como especialmente beligerante la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. También señalan que la orden resulta “carente de sentido” dado que los policías son lo suficientemente profesionales como para no precisar que los políticos les estén recordando cómo tienen que actuar, salvo que el mensaje subliminal que se quiera transmitir a los policías es de actuar de forma más contundente contra los manifestantes.
 
Denuncia ante la Defensor del Pueblo pidiendo protección hacia los
Ante esta espiral de criminalización hacia un movimiento ciudadano que actúa dentro de lo que legítimamente son sus derechos constitucionales, y para evitar que en los sucesivo eso pueda generalizarse y afectar a cualquier otra entidad de la sociedad civil, el lunes la Liga Anticorrupción presentará un escrito ante la Defensora del Pueblo pidiendo su intervención para que acaben este tipo de actuaciones y de utilizaciones del cargo público en favor de los intereses de un partido político.