La delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga, Patricia Alba, ha destacado la injusticia de esta medida “que exige unos resultados académicos al alumnado más desfavorecido que no se pide al resto, cuando precisamente se trata de alumnos para los cuales el estudio supone un esfuerzo y una dedicación extra, y se les priva de ayudas en unos momentos que son más necesarias que nunca ya que las familias tienen menos ingresos y padecen más desempleo y dificultades económicas”.

También ha declarado que se trata de “un tremendo ataque a la equidad que incrementará el abandono educativo o exigirá a las familias sacrificios enormes para que sus hijos puedan estudiar”.

En total, las familias malagueñas dejarán de percibir 3,3 millones de euros del Gobierno central en concepto de becas y ayudas al estudio, un hecho que contrasta con el esfuerzo de la Junta de Andalucía en materia de becas y ayudas a las familias, que crecerán con recursos propios un 14%.

Así, la Consejería de Educación mantiene las bonificaciones a las familias en servicios complementarios como el comedor, donde la mitad de los usuarios recibe de manera gratuita el servicio, así como las ayudas al estudio propias, como la Beca 6000 o la Beca Segunda Oportunidad, iniciativas únicas en España para combatir el abandono educativo temprano.