Entre otros motivos, Quintana señala el impacto agrario y ambiental, la deuda que genera a las personas productoras y el rechazo de los consumidores a los transgénicos así como la constatación reciente de los problemas de salud que pueden llegar a provocar, son las principales razones que motivan esta política.
Asimismo, para IU también ha de cumplirse el Principio de Precaución que recoge el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y por tanto, “deben de suspenderse todas las autorizaciones de cultivo e importación de transgénicos, al igual que ya ha ocurrido en ocho países de la Unión Europea” en referencia a Francia, Alemania, Luxemburgo, Austria, Hungría, Grecia, Bulgaria y Polonia.

Lola Quintana sostiene que “se ha constatado que hay alternativas a los transgénicos, la producción agraria con métodos tradicionales y agroecológicos y orientados a mercados próximos tiene una mayor capacidad de generar empleo” a la vez que “se garantiza una alimentación segura y respetuosa con el medio ambiente”.

Por su parte, Eva García Sempere, coordinadora andaluza del área de Medio Ambiente de IU, señala que es imprescindible instar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a que adopte la cláusula de salvaguarda para prohibir el cultivo de transgénicos en territorio andaluz. “El cultivo de transgénicos sólo responde a intereses de las grandes multinacionales del agronegocio, sin que se haya demostrado ni el interés para la agricultura familiar y campesina  ni se haya podido constatar su inocuidad” por lo tanto para IU seguir apostando por esta tecnología “es un suicidio social, ambiental y económico para nuestra región”.
España es, en la actualidad, el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala. Según datos de 2012, aportados por la agroindustria,  la superficie cultivada con maíz transgénico en España supera las 100.000 Has, de las cuales se estima que más de 10.000 se encuentran en Andalucía, a pesar de que diferentes organizaciones sociales y ecologistas han denunciado que las cifras presentan incoherencias y están infladas en diversas comunidades autónomas.

La falta de información relativa al número exacto de hectáreas y localización exacta de las parcelas, ensayos experimentales, y ausencia de protocolos administrativos al efecto, pueden provocar serios problemas a los agricultores y agricultoras, como ya ha sido constatado en otras regiones como Aragón y Cataluña, en zonas de especial interés para la agricultura, ganadería y apicultura andaluza como son los espacios naturales protegidos y comarcas donde la producción ecológica es una realidad socio-económica .

Por su parte, distintas organizaciones ecologistas y federaciones de consumidores andaluzas, integradas en la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos – PALT  así como sindicatos agrarios, remarcan que la falta de transparencia supone una violación de la Convención de Aarhus y de la ley de acceso a la información ambiental.