Las vecinas han rechazado las imposiciones del Ayuntamiento, que pretendían hacer pasar por acuerdos, en cuanto al tratamiento individualizado de los casos. EMASA siguió un procedimiento ilegal para cobrar deudas de anteriores propietarios, coaccionando a las vecinas con penas de cárcel, en el caso de que se negaran a firmar reconocimientos de las deudas de anteriores propietarios.
La empresa pública pretende endosar deudas, incluso superiores a los 60,000 euros, a personas que se encuentran en situaciones de extrema necesidad. Cuando no pueden hacer frente a las deudas ilegítimamente impuestas, les cortan el agua, interponiendo querellas criminales. En estas denuncias solicitan penas de mes y medio de prisión a vecinas cuyo único “delito” ha sido proveer de agua a sus familias.
La plataforma denuncia que el Ayuntamiento empuja a los vecinos a la marginalidad, condenándoles a la exclusión social y exige la inmediata suspensión de los procedimientos judiciales, la nulidad de los reconocimientos ilegítimos de deuda y la tarifa social.
Contacto: Jesús Rodríguez ( Chule) 651 695372 y abogado 634592011
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