El número de desahucios durante el primer trimestre de 2012 alcanzó una nueva cifra récord de 18.424 desahucios, un 18,5% más que en el mismo periodo de 2011. En total, el dato de ejecuciones hipotecarias (proceso previo al desahucio de la vivienda) marcó 24.792 procedimientos entre enero y marzo de 2012, un 14,1% más que en 2011.
La ejecución hipotecaria por impago provoca la pérdida de la vivienda habitual para miles de familias cada año y además supone una condena financiera de por vida. En el procedimiento judicial hipotecario la vivienda se subasta y la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, en caso de no presentarse postores (lo que está sucediendo en el 90% de los supuestos), el Banco o Entidad prestamista puede adjudicarse la vivienda por el 60% del valor de tasación. Así no sólo se quedan con la vivienda por un precio mucho menor del que se tasó al constituir la hipoteca, sino que además una buena parte de la deuda se mantiene (una vez descontado el valor por el que se ha subastado la vivienda), incrementada por cuantiosos intereses de demora y costas judiciales.
Además, como resultado de todo ello a las personas deudoras se le embargarán bienes e ingresos presentes y futuros hasta saldar la totalidad de la deuda. La legislación que permite todo lo anterior es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, además de totalmente desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios.
Todo lo aquí expuesto vulnera el derecho a la vivienda que como mandato constitucional está recogido en el artículo 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Contra esta situación se producido una autentica rebelión ciudadana representada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el movimiento Stop Desahucios, que a través de acciones de desobediencia no violenta han conseguido paralizar innumerables desahucios en los últimos años.

 La Iniciativa legislativa Popular, impulsada por la PAH junto con otras organizaciones sociales y sindicales, para incluir en la ley hipotecaria la Dación en Pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquilar social, consiguió recabar en pocos meses más de un millón cuatrocientas mil firmas, y un apoyo popular a sus propuestas sin precedentes, que todas las encuestas sitúan entorno al 90%.

 La presión popular obligó al Partido Popular, que había anunciado que usaría su mayoría para impedir que la ILP ni siquiera se debatiera en el Parlamento, a un cambio de estrategia en el ultimo minuto.

 El Ayuntamiento de Málaga debe ser coherente con los acuerdos adoptados por el Pleno de septiembre, por los que se comprometía a apoyar “con todos los recursos disponibles” la ILP, y posicionarse, como ya hizo la ciudadanía malagueña el 16 de febrero, para que el Congreso de los Diputados apruebe íntegramente la iniciativa, evitando que durante el tramite parlamentario  el PP use su mayoría para descafeinar las propuestas y convertir la ley en otro lavado de cara sin consecuencias reales como fue el “decreto De Guindos”
 
Además de las urgentes medidas que debe adoptar el Congreso de los Diputados, los Ayuntamientos deben usar sus competencias para convertirse en agentes activos contra los desahucios. Así lo han entendidos Ayuntamientos como el de Olvera (Cádiz), declarada “ciudad libre de desahucios” donde la Policía Municipal no se pone a disposición de los desahuciadores; el de San Sebastián, donde el Ayuntamiento ha anunciado que amparará a los policías municipales y otros funcionarios que se nieguen a colaborar en desahucios; el de Santa Coloma de Gramanet , que ha elaborado un “plan de acción contra el mal uso de las vivienda” en el que se recogen sanciones para las entidades financieras que mantengan viviendas más de dos años vacías o Ayuntamientos como el de Vigo, Santa Cruz de Tenerife, Liviana etc que retiran sus fondos de las entidades financieras que no responden a la petición de moratoria en los desahucios para viviendas habituales de personas en situación de insolvencia sobrevenida.   

Por lo anteriormente expuesto, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.-  Instar al parlamento de España a aprobar íntegramente el texto de la  ILP hipotecaria.

2º.- Dar cuenta de este acuerdo a los Diputados y las Diputadas en el Congreso elegidos por la circunscripción de Málaga.
 
3º.- El Ayuntamiento de Málaga no pondrá a la policía municipal al servicio de desahucios .

4º.- El Ayuntamiento de Málaga retirará sus fondos de cualquier entidad financiera que no asuma una moratoria en la realización de desahucios en la primera vivienda de personas en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria.

5º.- El Ayuntamiento de Málaga elaborará un censo de las viviendas vacía propiedad de entidades financieras existentes en el termino municipal.

6º.-El Ayuntamiento de Málaga insta a la Junta de Andalucía a que la ley andaluza de vivienda incorpore procedimientos que permitan sancionar a las entidades financieras que mantengan  vacías sus viviendas durante más de dos años.
7º.- El Ayuntamiento de Málaga incorporará, con carácter de urgencia, una modificación en la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de tal forma que suponga, en la práctica una exención del pago del mismo, o en su defecto una bonificación del 95%, para aquellas personas que, por insolvencia sobrevenida, pudieran justificar documentalmente la transmisión de su inmueble mediante la dación en pago regulada en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria.
8º.- Mientras se modifica la Ordenanza, se establece una moratoria de un año en el cobro de las plusvalías a las personas afectadas por una ejecución hipotecaria o que hayan hecho la dación en pago de su vivienda y que lo soliciten a través de presentación de una instancia en el Registro Municipal. 

Eduardo Zorrilla Díaz
Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA

En Málaga a 31 de Enero de 2013