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Para IU la reforma local es un "atraco" a los ciudadanos de los pequeños municipios de Málaga
Perderán sus servicios o los verán privatizados | | Malaga101.com. 21.02.13 | |  Unos 250.000 malagueños de los municipios menores de 20.000 habitantes verán como en breve pierden servicios o pasan a ser prestados por la Diputación o empresas privadas en lo que ha sido clasificado por los alcaldes de IU como un atraco a sus vecinos. El anteproyecto de la Reforma de la Administración Local supone una pérdida de calidad de vida y de calidad democrática para los municipios pequeños y muy especialmente a los menores de 5.000 habitantes, según han dejado patente esta mañana alcaldes de Izquierda Unida que han anunciado todo tipo de movilizaciones para oponerse a la norma e informar a sus vecinos de qué traerá en la práctica. |  La portavoz del grupo provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas, ha puesto sobre la mesa que el anteproyecto viene a desarrollar la reforma constitucional que PP y PSOE aprobaron en la anterior legislatura y que prioriza el pago de la deuda por encima de servicios locales tan básicos como guarderías, limpieza o servicios sociales.
La responsable política recuerda que los ayuntamientos apenas han generado un 0,5 por ciento de la deuda que han contraído las administraciones públicas y a pesar de ello son los más afectados. “El ayuntamiento es la administración cercana, la que atiende directamente a los vecinos y da soluciones; con la retirada de las competencias miles de malagueños se quedan sin sus servicios básicos”.
La reforma establece que habrá un coste estandarizado que no pueden sobrepasar los ayuntamientos, ya que si es así las competencias sobre servicios impropios pasan a las diputaciones. Dado que esos servicios en municipios pequeños tendrán costes superiores, las competencias pasarán a manos de Diputación “que no se verá sobrepasada al no tener la infraestructura ni el personal adecuado”, señala Morillas quien explicó que la secuencia acaba con la privatización de dichos servicio. “Los ciudadanos verán como la administración más opaca y menos democrática se queda con sus servicios, los privatiza o los elimina”. En la práctica supone un ataque a la democracia puesto que los vecinos no “nos eligen”, señala Morillas, que ha añadido que en breve los vecinos votan en unas elecciones a sus muní ;cipes pero los gobiernan otros que no han participado en el juego democrático.
La diputada provincial ha anunciado que desde Izquierda Unida se hará uso de todos los recursos disponibles para oponerse a esta normativa, donde se incluye el estudio de vías legales.
Los alcaldes de Almáchar, Alameda, Villanueva de Tapia, Casabermeja y Villanueva de Algaidas, concejales de municipios como Casares y Archidona y diputados presentes en la rueda de prensa portaban pegatinas con las leyendas “En peligro de extinción” y “se cierra”. Este tipo de material aparecerá en aquellos lugares de sus pueblos donde se presten servicios que se verán afectados por la reforma legal.
Los munícipes han explicado con casos prácticos cómo les afectará la normativa. Así, el servicio de limpieza en los colegios que prestan los ayuntamientos de municipios pequeños en la actualidad se hace con bolsas de trabajo rotatorias que integran los vecinos de esos pueblos. Con la pérdida de la competencia y su posterior privatización, eso desaparecería en todos los niveles. “Vendría una empresa privada de fuera con el propio personal y sin conocimiento de la realidad social del entorno. Lo que ahora gestiona un concejal sin salario en la mayoría de los casos, lo hará un gerente con un sueldo que triplica el de los alcaldes”, señaló Juan Lorenzo Pineda, alcalde de Alameda. “Los pequeños ayuntamientos prestamos servicios sociales muy concretos. Trabajamos por evitar la exclusión social, mientras que si esto prosper a, los ayuntamientos seremos meros selladores de instancias que irán a parar no sabemos dónde”. Los alcaldes de pequeños municipios han dicho que sus ciudadanos pasarán a ser de segunda y que la normativa “nos corta las manos y los pies”.
Los munícipes han descartado que las diputaciones sean más idóneas que los ayuntamientos para gestionar bien los recursos y prueba de ello es que prestan los servicios bien y sin las grandes deudas de las administraciones mayores. Asimismo, recuerdan que estos se dan buscando la rentabilidad social y no el beneficio económico que mueve a la empresa privada “y ello supondrá aumento del coste en esos servicios”, señaló Encarna Páez, alcaldesa de Villanueva de Tapia. “trasladamos un derecho ciudadano a la búsqueda del beneficio de las empresas”, añadió Juan Lorenzo Pineda.
Los presentes han rechazado los argumentos del Partido Popular, defensor de la reforma, que habla de ahorro económico. Los alcaldes han recordado que los servicios se siguen prestando, pero en manos de la empresa privada, por lo que el gasto será mayor, pero el beneficio será para esas empresas.
Por su parte, Toni Morillas, ha afirmado que la solución para disponer de liquidez la tiene el gobierno en sus propias manos atacando el fraude fiscal, ya que de esta forma se obtendrían fondos de sobra para invertir en servicios públicos.
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