1-Crear una Oficina Anticorrupción, cuya autonomía sea funcional, que vigile el comportamiento de los responsables públicos y de los funcionarios públicos que participan en la gestión económica y de contratación de los Ministerios, Organismos y Empresas Públicas. Sus competencias se extenderán, también, al ámbito de las corporaciones locales.

2- Que las empresas que aparezcan implicadas en un supuesto de corrupción política, no puedan contratar con ningún organismo ni empresa públicos, mientras dure la condena de los responsables.

3- Que todos los delitos relacionados con la corrupción política sean juzgados por la Audiencia Nacional y con mayor brevedad.

4-Prohibir que las empresas puedan hacer donaciones a los partidos políticos como ha ocurrido en el caso Gürtel del PP.

La oficina Anticorrupción funcionaría de la siguiente forma:

- Llevará a cabo sus actividades de acuerdo con un plan anual que incluirá actuaciones programadas, aleatorias y derivadas de denuncia
- Dispondrá del número de efectivos cualificados necesario para el desempeño de sus funciones
-Podrá relacionarse directamente con la Fiscalía, con la AEAT y con la Oficina de Conflicto e Intereses.
-Dependerá directamente de la Vicepresidencia del Gobierno.
-La Oficina actuará en las Comunidades Autónomas tras la firma delos correspondientes acuerdos de colaboración.