A través del escrito, el portavoz del equipo de Gobierno del PP en Diputación, Francisco Salado, asegura que el modelo educativo del Ejecutivo andaluz para 2013 consiste en “castigar a la concertada y menospreciar a la pública”.

Salado rechaza las “amenazas” con las que la Junta se está dirigiendo a los colegios concertados, en opinión del PP, “un verdadero ataque radical que sólo crea problemas e incertidumbre a miles de familias andaluzas”.

“PSOE e IU, en vez de arreglar los graves problemas del sistema y mejorar los pésimos indicadores de fracaso educativo y abandono escolar, se dedica a provocar más problemas y generar incertidumbre a las familias andaluzas, a los profesores y a los colegios”, ha lamentado el portavoz popular.

Es más, ha incidido en que la medida de revisión de la política de conciertos educativos anunciada por la consejera de Educación, Mar Moreno, “atenta contra el sentido común, la libertad y la normativa vigente” y, además, nada tiene que ver con la futura Ley de Educación del Gobierno de España “como se quiere hacer ver”.

A su juicio, lo que pretende la Junta con este anuncio es “crear cortinas de humo ante su incapacidad para conseguir lo que de verdad anhelan los andaluces, que es una escuela pública de calidad, que sea absolutamente compatible con al escuela concertada, una opción elegida por 300.000 familias andaluzas”.

“Ambas son necesarias para escolarizar a los niños andaluces y nunca ha habido ningún problema al respecto”, ha recalcado Salado.

Para el grupo del PP en la Diputación, si el presidente de la Junta de Andalucía, José Griñán, de verdad quiere defender la escuela pública, lo que debe hacer es “pagar a los colegios lo que les debe en gastos de funcionamiento, para que no tengan que pedir dinero a los padres, algo que ya está ocurriendo en algunos centros”, ha subrayado Salado.

Asimismo, reclama que haga lo mismo y pague a los proveedores de servicios para evitar, como en el caso de la empresa de comedores escolares, que “haya  miles de niños andaluces sin poder comer en el colegio porque la Administración autonómica no abona las cantidades comprometidas a la empresa en tiempo y forma”.