La Junta publicó una resolución el pasado 31 de diciembre en la que sólo preveía fondos para contratar a ocho de las diecisiete personas que componían este servicio gestionado por la Diputación y financiado por el Gobierno andaluz, que ostenta las competencias en esta materia.

Así, dejó fuera a los nueve administrativos, pese a que la institución provincial aprobó por unanimidad en el pleno de diciembre una moción en la que se instaba a la Junta de Andalucía a que asegurara el mantenimiento de estos equipos de refuerzo.

La Diputación ha explicado a los trabajadores la situación y ha expresado su malestar por el recorte del Gobierno andaluz en este servicio asociado a la Ley de Dependencia.

El personal de los equipos de refuerzo se encarga de informar de los requisitos y la documentación necesaria para las solicitudes de dependencia, además de recibir las solicitudes en los registros municipales para evitar posibles errores u omisiones. Además, revisan los documentos y requieren a los solicitantes en caso de errores y remiten los expedientes a la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, elaboran las propuestas del Programa Individual de Atención (PIA) y realizan el seguimiento correspondiente. Dicha propuesta implica un conocimiento exhaustivo de las personas dependientes, de los cuidados que recibe y valora si son adecuados a su situación.