Esta ley integral, recogida en el programa de Izquierda Unida y que posteriormente fue incluida en el documento de medidas y leyes que dan soporte al Pacto de Gobierno de la Junta de Andalucía, es una medida que tiene como objetivo luchar contra la transfobia social pero también por la plena integración de mujeres y hombres transexuales de Andalucía en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos andaluces en el ámbito laboral, sanitario o educativo.

Más que ampliar derechos, esta ley vendrá a equipararlos con el resto de las personas de la comunidad autónoma y, según han señalado los colectivos sociales que han participado en su redacción, es una ley gratuita puesto que su aplicación no representará coste alguno por lo que han solicitado a todos los grupos el apoyo unánime.

La ley incluye el tratamiento sanitario integral de la persona transexual, su atención por la red de hospitales y medidas de discriminación positiva en materia de contratación y empleo estable y de calidad, de manera especial de las que se encuentran en riesgo de exclusión social. También incluye determinados aspectos en materia de educación para favorecer la capacitación y sensibilización de docentes y estudiantes.