“Esta actitud antimunicipalista de la Junta contrasta con la del Gobierno de España, que en sus presupuestos para 2013 destina a los ayuntamientos un 7% más que en 2012”, ha afirmado Salado. El portavoz del PP destaca que el Ejecutivo de Rajoy demuestra así su “claro compromiso” con la financiación de los consistorios y con la reforma de la administración local, adaptándola a las necesidades de los ciudadanos y evitando duplicar o incluso triplicar competencias.

Salado ha recordado que la decisión de la Junta de Andalucía contradice una ley autonómica aprobada en 2010, que establecía que la participación en los tributos autonómicos de los ayuntamientos debía ser progresiva para facilitar la descentralización.

En concreto se trata de la Ley 6/2010 de 11 de junio, con la que se creó el Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En su artículo 4º regula la dotación del fondo y establece que en 2011 se dotaría con 420 millones de euros, al que se sumarían cada año 60 millones hasta alcanzar el importe de 600 millones de euros en el ejercicio 2014.

Sin embargo, en el texto del proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía para 2013 se explica que, con carácter extraordinario, la dotación global del fondo se mantendrá en 480 millones para toda la comunidad, la misma cantidad que en 2012, “demorándose hasta 2015 el cumplimiento del objetivo establecido en el artículo 4.1 de la citada ley”.

“Esto se traduce en que los municipios andaluces pierden 60 millones para el año que viene”, ha lamentado Salado, insistiendo en que el recorte en el caso de los ayuntamientos malagueños asciende a 11 millones.

El portavoz del grupo popular critica que “la Junta vuelve a recortar a los ayuntamientos, pero en definitiva lo están haciendo a los ciudadanos, que ven mermados los servicios que desde las corporaciones locales se prestan”, por lo que ha instado al Ejecutivo autonómico a que deje de “maltratar” a los ayuntamientos.

En este contexto, Salado ha apuntado que las deudas de la Junta con los ayuntamientos y las diputaciones supera la capacidad de cualquier hacienda local para seguir funcionando: disminuye la aportación a los consistorios, los asfixia económicamente y los condena a asumir competencias que corresponden a la comunidad autónoma.

Así, ha afirmado que el Gobierno andaluz adeuda a los ayuntamientos de la región más de 1.000 millones de euros en políticas sociales, 200 millones en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y además tiene paralizada la formación para el empleo.