Si los contenidos de derechos humanos desaparecen, el gobierno estaría menospreciando sus propios compromisos (como el de la Declaración del pasado mes de mayo, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, asegurar la prevención y protección frente a la homofobia y la transfobia) y los establecidos en la legislación vigente, como la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que establece que en Primaria y Secundaria se deben promocionar los derechos humanos de las mujeres.

Si el proyecto final no incluye claros contenidos en materia de derechos humanos tanto en primaria como en secundaria, estaríamos situándonos a años luz de Europa, donde actualmente 20 países incluyen en sus currículos educativos estos contenidos, y estaríamos ante un claro incumplimiento de los acuerdos y recomendaciones europeas e internacionales suscritos por España, especialmente del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos y de las recomendaciones del Consejo de Europa que, a través de la Carta de la Educación para la Ciudadanía Democrática y la Educación en Derechos Humanos (EDH), aprobada en 2012, advierte a los Estados miembros que deben incluir “la Educación para la ciudadanía y la Educación en Derechos Humanos en programas de educación formal en los niveles de infantil, primaria y secundaria, así como en la enseñanza y la formación general y profesional”.