Una vez conocida la sentencia de 10 de octubre del alto tribunal, la fiscalía ha reabierto el caso. en su escrito, la fiscalía toma esta decisión “para cumplir lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Constitución española”, que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos en septiembre del año pasado, un estudio de la ocu detectó cobros excesivos en las facturas analizadas para la cancelación de hipotecas. con estos datos, la organización de consumidores presentó una denuncia ante la fiscalía del tribunal supremo para que investigara la conducta irregular de notarios y registradores para la ocu, con la decisión de la fiscalía los notarios y registradores ya no tienen excusa para demorar la devolución de “todos los importes indebidamente cobrados a cientos de miles de consumidores"

Según datos de la asociación, solo de las 372.042 cancelaciones de hipotecas sobre vivienda realizadas en 2010, notarios y registradores podrían haber cobrado de forma indebida a sus clientes hasta 93 millones de euros sólo en un año
Antonio Peregrin Cañadas