Esta supresión de privilegios y blindajes supone un importante ahorro del dinero de los andaluces, cuyo fin debe ser paliar los efectos de la crisis en las capas más humildes de la sociedad, objetivo último que debe perseguir esta empresa pública destinada a proveer de suelo y vivienda a quienes no tienen todavía esa necesidad solucionada.
Ahora se ha dado un paso más. Se han destituido (recortado) 30 directivos intermedios de los servicios centrales de EPSA, en un proceso de racionalización y eficiencia que la dirección política de la empresa considera que aún no ha concluido.
Los cambios que se están llevando a cabo, además, están abiertos a la participación de los trabajadores, a quienes la Consejería reconoce una extraordinaria labor y son piezas fundamentales para la transformación de una empresa imprescindible para hacer políticas de justicia social en materia de vivienda y suelo.
Estos ajustes (recortes) –ejemplo en el que podrían mirarse otras estructuras de la Junta- obedecen a un principio ético imprescindible en la función pública: administrar con la máxima eficiencia unos recursos limitados y aplicar la transparencia a cualquier rincón oscurecido del presupuesto eliminando privilegios injustificables.
Estos recortes sí los impulsa Izquierda Unida en el gobierno andaluz | 
Cuando la Consejera de Fomento y Vivienda Elena Cortés (IU) accedió al cargo en el mes de mayo, encontró en el organigrama de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), una estructura directiva sobredimensionada y carente de eficacia para dar respuestas a las demandas que la gente requería de la Junta en materia de suelo y vivienda. Y, también, en materia de ética y transparencia. Ya en Julio redujo (recortó) a la mitad –de diez a cinco- el número de altos directivos. De ocho directores de área se pasaba a tres, manteniendo el cargo de director y subdirector. No obstante, había un obstáculo importante a la hora de continuar reduciendo (recortando) la estructura directiva, en tanto que había que suprimir (recortar) censantías e indemnizaciones que la Consejería consideraba privilegios injustificados. Para ello, Cortés impulsó una modificación del Estatuto del Directivo y eliminó (recortó) estos blindajes, impropios de una empresa pública y agravio para el resto de trabajadores de EPSA.
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