La apertura de este punto de atención supone dar respuesta a una situación de emergencia social, al tiempo que responde al compromiso adquirido por la titular de la Consejería, Elena Cortés, en el Parlamento andaluz, donde en septiembre anunció la inmediata puesta en marcha del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que definió como una medida para “romper con la neutralidad de la administración ante un drama que avergüenza a quienes no transigimos con la injusticia social”.
García ha explicado que esta oficina tiene especial sentido en la provin-cia malagueña, “una zona donde la construcción ha tenido una expansión muy significativa” y donde ahora “tenemos potencialmente una altísima demanda de usuarios de este servicio con respecto a otras provincias”. Para el delegado, “la Junta de Andalucía debía ser quien diera el primer paso al frente y con ella articulamos una verdadera respuesta institucional al problema de la vivienda, coordinada con los ayuntamientos”.
Manuel García  ha comentado que la oficina atenderá tres grandes áreas, que son la prevención, la mediación y la protección de las víctimas de los desahucios. En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina realizará tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institu-cionales, a través de la Dirección General de Consumo.
Las funciones de intermediación se ejercerán ante las entidades finan-cieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeuda-miento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída. El equipo de profesionales prestará un triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de conve-nio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.

La oficina garantiza también la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha formado y asesorado, a través de unas jornadas técnicas celebradas en septiembre, al personal funcionario que atenderá estos puntos en cada una de las provincias. Más de 60 funcionarios de todas las delegaciones y de la sede central de Consejería recibieron explicaciones en detalle sobre el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, así como sobre la logística y los protocolos de atención al ciudadano. El encuentro permitió abordar las implicaciones jurídicas que rodean los procesos de desahucios y casos específicos para poner en práctica la labor de la intermediación. En esta materia, los participantes pudieron intercambiar impresiones con representantes de asociaciones y colectivos con experiencia en este campo, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Federación de Consumidores en Acción (FACUA).

Por otro lado, y para reforzar esta vía de trabajo iniciado por la Junta de Andalucía con carácter de urgencia ante la situación de emergencia social que viven muchas familias, la Consejería de Fomento y Vivienda ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provin-cias (FAMP).

Una política generalizada
Este programa se suma al conjunto de iniciativas que desde el principio de esta legislatura ha puesto en marcha la Consejería, entre las que están la paralización de los desahucios en las viviendas de parque público andaluz en casos de sobreendeudamiento y en familias con menores y dependientes, o la reclamación a los bancos a que entreguen al registro municipal de demandantes las viviendas protegidas embargadas para que sean reasignadas bajo criterios sociales. A esto se suma el apoyo dado por la consejera Elena Cortés a la iniciativa legislativa popular que pretende que el Congreso apruebe la dación en pago que paralice los desahucios y promueva el alquiler social. Paralelamente a estas medidas específicas dirigidas a paralizar los desahucios, la Junta de Andalucía ha priorizado en su política de vivienda la rehabilitación y el alquiler.