Precisamente, eso supone un grave dilema para el Gobierno, porque los intereses de fondos y aseguradoras son opuestos a los de la banca. Como es lógico, los inversores quieren que el banco malo adquiera los activos de las entidades rescatadas lo más barato posible, para incrementar la rentabilidad potencial de su posterior venta a un tercero. Algo que también debería ser así para los bancos en cuanto inversores en el proyecto. Pero la realidad es completamente distinta. |
Las entidades financieras sanas quieren que se compren los activos a un precio razonablemente alto para que no se hunda el mercado inmobiliario. Porque, en tal caso, ellas deberían rebajar también el precio de sus propios inmuebles y provisionar la diferencia con el valor que tienen actualmente en su balance; es decir, asumir una pérdida por la diferencia. Una pérdida que puede llegar a 14.000 millones de euros, según Morgan Stanley, y llevarse por delante todo el beneficio en España de las entidades sanas, incluyendo Santander y BBVA.
"Aunque a medio plazo a los bancos les interesa ganar dinero con el banco malo, a corto plazo lo urgente es evitar que este vehículo les haga un agujero en su balance, por lo que prefieren que las rebajas de precios no sean excesivas", según una de las fuentes. Una pretensión por la que parece inclinarse Economía, a la luz de sus últimas declaraciones, pero que pondría en peligro la entrada de otros inversores necesarios para que el 51% del capital sea privado (esta cifra es necesaria para que la deuda del banco malo no compute como deuda pública). Salvo que los bancos españoles asuman ese porcentaje en su totalidad, claro. |