Layla es la segunda mujer con este tipo de condena que consigue la libertad en Sudán en apenas dos meses,  tras Intisar Sharif Abdalla, liberada el 3 de julio pasado.
En el caso de Layla, el juez que revisó su sentencia rebajó los cargos a los que se enfrentaba y consideró que ya había respondido suficientemente por su delito con las semanas que ha pasado en la cárcel, junto con su hijo pequeño de seis meses.
A través de dos acciones on-line abiertas por la organización para intentar acabar con esta práctica en el país africano, Amnistía Internacional ha recogido 120.000 firmas que han sido entregadas en la embajada de Sudán. La campaña contras estas ejecuciones ha conseguido un gran apoyo ciudadano, especialmente a través de las redes sociales.
Los casos de Layla e Intisar
Estos dos últimos casos de condenas a muerte por lapidación en Sudán, felizmente resueltos, presentan varias semejanzas: se trata de mujeres, madres jóvenes, que provienen de entornos marginales, y que no eran conscientes de sus derechos ni de la gravedad de los cargos contra ellas. Ambas fueron juzgadas sin representación legal, una violación flagrante del derecho a un juicio justo.
La acción emprendida por Amnistía Internacional recordaba al gobierno de Sudán que ejecutar a una persona después de un juicio que no cumple las normas internacionales sobre garantías procesales es una violación del derecho a la vida, y que la ejecución de una madre lactante está prohibida por el derecho internacional y por la propia Constitución de Sudán.
La organización ha pedido también al gobierno sudanés que suspenda oficialmente  las ejecuciones como paso previo a abolir la pena de muerte -en consonancia con la tendencia mundial y con las resoluciones de la Asamblea General de la ONU- y que conmute todas las condenas a muerte pendientes de ejecución.
Amnistía Internacional desea agradecer su apoyo a las 120.000 personas que pidieron la suspensión tanto de la ejecución de Intisar como de la de Layla a través de la web de la organización
AI y la pena de muerte
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia y a todos los métodos de ejecución. En concreto la lapidación, concebida para causar a la víctima un gran dolor antes de matarla, es una violación de la prohibición de la tortura contenida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención contra la tortura de la que Sudán es signatario.
Además, tanto la condena de Layla como la de Intisar han violado la propia Constitución de Sudán, que prohíbe la pena de muerte para mujeres embarazadas o lactantes hasta los dos años de lactancia.
Además, AI también se opone a la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos y considera a las personas detenidas por esta razón como presas de conciencia.

Información adicional
Se puede acceder a las ciberacciones emprendidas por AI sobre estos casos y a los comunicados de prensa relacionados más recientes en los siguientes links:
Ciberacción caso Layla: http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/sudan-layla-lapidacion/
Ciberacción caso Intisar: http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/sudan-lapidacion-mujer/