Desde 2010 la función pública está en el punto de mira de los ajustes presupuestarios en primer orden, por supuesto que si los recortes como viene siendo habitual son necesarios se hacen, pero no castigando en exceso al sector público. Sin embargo estos recortes de empleo público no llegan a los enchufados, a los cargos de confianza y a un largo rosario de puestos que podemos leer todos los días en los distintos boletines, ya sean oficiales, del  Estado, de las Comunidades Autónomas, Provinciales o simplemente colocados a dedo en las Administraciones Públicas más cercanas como pueden ser los Ayuntamientos.
 Quizás molesten los empleados públicos que entran por oposición, según los principios de igualdad, mérito y capacidad que contemplan las Leyes.
Estas medidas tan drásticas en la función pública, también afecta a miles de personas que se afanan constantemente en preparar oposiciones en numerosas academias distribuidas por todo el país, que también irán a la deriva al faltarles alumnos para subsistir. También nos afectará al conjunto de la ciudadanía puesto que todos deseamos tener más seguridad, mejor y más rápida asistencia médica, mejor asistencia y rapidez en las prestaciones públicas, etc.
Las medidas anunciadas en la función pública son por lo menos muy duras, si las comparamos con las que se han tomado con la actual clase política dirigente, que es donde verdaderamente sobran políticos y donde se puede recortar en sueldos y en otras prebendas los gastos públicos.