No habrá supresión de ayuntamientos como en Italia ni tampoco fusiones. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, adelantó ayer que los planes del Ejecutivo pasan por reducir en un 30% el número de concejales de los más de 8.000 ayuntamientos de la geografía española. Este recorte, que no se materializaría, en principio, hasta los próximos comicios locales, se realizaría conforme a los tramos de población establecidos en el artículo 179.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Asimismo, Rajoy indicó que habrá una homogeneización y publicación de las retribuciones que tienen los alcaldes y concejales, para lo cual la Ley de Presupuestos fijará cada año los correspondientes baremos en función de las características del municipio. Además, se efectuará un drástico recorte de empresas públicas en el ámbito local y se mejorará el control de las cuentas públicas en este ámbito, con el “fortalecimiento de la imparcialidad” del interventor municipal y con funcionarios de habilitación “nacional”.

En la misma línea, Rajoy subrayó que tampoco se van a eliminar diputaciones provinciales, sino al contrario: habrá un refuerzo de su papel para centralizar la prestación de servicios y asumir competencias que los pequeños municipios no puedan cubrir por falta de financiación. La estimación que maneja el Gobierno, en base a diversos estudios sobre esta reforma, que atiende a la premisa de “una Administración, una competencia” y evitará “duplicidades” y “triplicidades”, es de un ahorro que ronda los 3.500 millones.