La denuncia acusaba al funcionario de haber accedido a correos electrónicos personales de otros agentes, algo que este mismo juzgado ya rechazó que quedara acreditado en el trámite de diligencias previas, por lo que hace unos meses ordenó el sobreseimiento de la causa por la vía penal al no haber delito contra la intimidad o la revelación de secretos. Ahora, la magistrada tampoco aprecia la comisión de falta por amenazas o coacciones que no se han demostrado.

Es más, según se asegura en la misma sentencia “no existe prueba de cargo suficiente capaz de enervar la presunción de inocencia”, en tanto que “todas las manifestaciones se fundamentan en rumores percibidos por los testigos o en manifestaciones difusas acerca de la existencia de los correos electrónicos”.