En su comparecencia del martes ante la juez Mercedes Alaya durante la sesión de la tarde, Márquez explicó que en esas mudanzas de la Dirección General, dentro de la sede sevillana de la Consejería de Empleo, una parte de los expedientes se enviaron a los servicios centrales y otra se destruyó sin explicar motivos ni causas.

Se trató, según dijo, de mudanzas internas sin mayor explicación y afirmó que no sabía cual fue el criterio para esa destrucción de expedientes.

"Presunción de veracidad"

Abogados personados en la causa, cuenta que han comentado a los periodistas durante un receso que Márquez declaró que no comprobaba los datos de las empresas que solicitaban ayudas porque les daba "presunción de veracidad".

Tal afirmación asombró a la juez Alaya, que le preguntó a continuación por casos como el de la empresa Corvillete, que pidió ayudas para ocho trabajadores pese a que solo tenía dos.

Desconocimiento de la legalidad vigente y evasivas

Márquez reconoció que algunas de las ayudas sociolaborales que concedió la Junta bajo su mandato eran en realidad ayudas directas a empresas, pero ha negado que se tratase de un mecanismo para evitar los controles de la UE, ya que se trata de una legislación que el imputado desconocía, según ha declarado.

Las declaraciones del ex director general fueron enfadando a Mercedes Alaya en diferentes momentos y la magistrada llegó a pedir que constara en acta que "se le ha preguntado cinco o seis veces por la misma cuestión y ha respondido con evasivas".

La declaración de Márquez va a continuar este miércoles mismo por la mañana ya que hasta las 21:00 horas del martes solo había respondido a 50 de las 90 preguntas de Alaya y a continuación debe responder a la Fiscalía Anticorrupción y a los abogados de la acusación y las defensas.