En el mismo auto, dictado el día 12 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada imputa a otras cuatro personas en la causa, entre ellas el que fuera jefe de Servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y director del departamento de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Antonio Diz-Lois Ruiz, y la que fuera asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa.

La instructora de los ERE también imputa a María Ángeles Gala Martín, que fue responsable de la secretaría de la Dirección General de Trabajo y estuvo en este departamento desde el 1 de enero de 2000 hasta el 24 de abril de 2009, siendo tramitadora de los expedientes de ayuda en la época de Francisco Javier Guerrero junto a Rocío Sayago Gómez, a la que, igualmente, imputa en la causa y le atribuye haber "influido" en que la empresa de su marido y cuñado recibiera una ayuda directa de 60.000 euros por parte de Guerrero.

En este sentido, la magistrada ha dictado una providencia, consultada por Europa Press, en la que, además de citar a declarar el día 6 de julio a la propia Rofa, cita como imputados el 3 de julio al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez; el 11 de julio a su sucesor en el cargo, Daniel Alberto Rivera, y, por último, el día 27 de julio al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.

Volviendo al auto, Mercedes Alaya considera que Ramón Díaz, asesor de la Consejería cuando se dieron las ayudas investigadas, tuvo una "activa participación" en la inclusión de dos intrusos en el expediente de Calderinox -Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández-, de otros dos en Saldauto -Rafael Rodríguez Fuentes y Antonio González Pérez–, y de otro intruso en A-Novo, asegurando en este último caso que "podría haber tenido interés en su inclusión" por pertenecer el intruso a la Agrupación Socialista de Nervión.

De igual modo, le imputa su presunta implicación en la ayuda sociolaboral a SAT Virgen del Espino para ocho trabajadores por una cuantía total de 450.000 euros, "cuando dicha empresa sólo tenía dos trabajadores en la empresa y parecer ser que, en realidad, era para pago de parte de subvenciones anteriores pendientes de pago".

En el auto, la juez argumenta que, tras el atestado de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo, "comienzan a consolidarse las bases de la presente causa", precisando que, del atestado, "la parte verdaderamente novedosa es la referida a la época que se abre en la Consejería tras el cese de Guerrero, al que seguirían Márquez y Rivera".

Así, y respecto a Márquez, hace una "extensión" de su imputación y le atribuye haber "admitido, ordenado y consentido" la continuación del uso del convenio-marco que reguló la concesión de las ayudas, "cuando él, tras los primeros meses de su nombramiento, tuvo importantes dudas sobre la legalidad del procedimiento", de forma que "dio continuidad al instrumento que había permitido la adjudicación irregular de las ayudas que él fue constatando, pese a conocer la inclusión de intrusos".

"Pese a todo ello, mantuvo de un lado una conducta omisiva, pues ni ordenó el reintegro de las cantidades percibidas ilícitamente ni evitó el cobro de tales sumas en las pólizas de rentas colectivas", mientras que, "por otro lado, tendría una activa participación en la inclusión de nuevos intrusos como los de Calderinox y dando cobertura de legalidad a las ayudas dadas por Guerrero con total ausencia de procedimiento, como ocurrió en Río Grande y Surcolor".