Con este fallo, comunicado hace pocas semanas, el juez refrenda la legalidad de aquel acuerdo al considerarlo “ajustado a derecho”, y desmontando las tesis de la parte demandante, la cual pedía la anulación del acto administrativo por señalar que el protocolo suponía en realidad un convenio que implicaba una modificación de la ordenación urbanística, argumento que, según señala el magistrado, “se basa en meras previsiones que nada prueban”. “El protocolo no constituye sino instrumentos orientativos del modelo territorial que no comprometen la aprobación definitiva, dado la amplitud y generalidad de la redacción de las cláusulas pactadas”, añade la sentencia.

Hay que recordar que el citado protocolo fue impulsado por el propio Ayuntamiento tras una intensa negociación a cuatro bandas para buscar una solución definitiva al asunto de las canteras después de una huelga que supuso una gran crisis en el sector de la construcción en Málaga hace nueve años. Posteriormente, a principios de 2006, se firmaría el definitivo acuerdo marco entre estas mismas partes que sentó las bases del Plan de Restauración y Reforestación de la Sierra de Alhaurín de la Torre que ahora se está ejecutando. La denuncia de la PDSS que ahora ha sido desestimada se refiere a aquel primer protocolo, que la Justicia ha legitimado con esta sentencia que tira además de jurisprudencia para refrendar la legalidad de la aprobación del mismo por parte del pleno.