Amnistía Internacional, ante el anuncio de la reforma sanitaria presentada por el Gobierno, mostró su preocupación por el retroceso de casi una década en el disfrute del derecho a la salud para un colectivo especialmente vulnerable, como es el de inmigrantes en situación irregular.

“Creemos que limitar la atención sanitaria de las personas migrantes en situación irregular a la modalidad de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto, vulnera el disfrute del derecho a la salud de este colectivo, pone incluso en riesgo su vida, y puede tener un grave impacto en miles de personas que sufran enfermedades crónicas“, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Para Amnistía Internacional, la reforma sanitaria también deja en una situación especialmente vulnerable a las mujeres inmigrantes en situación irregular, víctimas de violencia de género. Al limitarse el acceso a la atención sanitaria, se cierra la principal vía de detección temprana de la violencia y de la identificación de víctimas.

“Para llevar adelante esta reforma, el Gobierno sólo ha presentado datos económicos. En ningún momento ha realizado un análisis transparente sobre el impacto que estas medidas podrían tener en colectivos especialmente vulnerables, algo a lo que está obligado desde que España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales”, señaló Esteban Beltrán.

Por ello, el pasado 27 de abril, Amnistía Internacional abrió una ciberacción dirigida a los portavoces de los Grupos parlamentarios pidiéndoles que no convalidasen el Real Decreto Ley 16/2012 hasta que el Gobierno no evaluase los efectos que esta reforma podría tener en el conjunto de la población y en especial en los colectivos vulnerables. Desde entonces, unas 35.000 personas han pedido que no se retroceda en el disfrute del derecho a la salud, y que el Ejecutivo tome las siguientes medidas, derivadas de sus obligaciones internacionales.

Asegurar la no regresividad del acceso a la salud, garantizando el acceso a la salud para las personas migrantes en situación irregular.

Actualizar y publicar datos desagregados relativos a indicadores de derechos humanos que permitan conocer la situación actual de la sanidad.

Demostrar que cualquier medida se aplica tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas.

Asegurar que ninguna medida que se adopte comprometa los elementos esenciales del derecho a la salud como la calidad, la disponibilidad y la accesibilidad, tanto física como económica del mismo.

Elaborar y publicar un análisis sobre el potencial impacto adverso que las medidas de reducción de gasto público en salud podrían tener sobre el derecho al más alto nivel posible de salud, especialmente sobre los grupos en situación de vulnerabilidad social.

Establecer mecanismos para garantizar la información y consulta efectiva de todos los sectores de la sociedad con el fin de garantizar la participación en el diseño de cualquier reforma sanitaria.