De las Heras también propone la realización de un proyecto que de cuenta de los costes que la demolición del hotel van a suponer, la forma en que se va a hacer la misma y que se programe la reutilización de los materiales utilizados para recuperarlos con la demolición.

La ilegalidad de la construcción del hotel fue decretada el pasado día 20 de marzo por el Tribunal Supremo después de un periplo judicial que viene desde el año 2002, fecha en la que comenzaron las demandas por parte de organizaciones ecologistas y sociales contrarias a la autorización de dicha construcción. El Tribunal Supremo, sentenció la ilegalidad del hotel Algarrobico por situarse dentro de los 100 metros de zona de servidumbre y protección, ser contrario a la ley de Costas, constituir una agresión ambiental y atentar contra la ordenación del territorio.

No es hasta el pasado 12 de marzo, diez años después de iniciarse los litigios, cuando la Junta de Andalucía a través del informe presentado por su Secretaría General Técnica, reconoce que el paraje sobre el que se asienta el hotel Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, es espacio protegido no urbanizable. La afirmación de la Junta de Andalucía para declarar el terreno urbanizable se basó, según consta en el escrito presentado por IU, en una posible falsificación de la planimetría del PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) de 1994, mediante la cual cambiaban la clasificación de los terrenos, alegando que se trataba de una corrección de errores cartográficos.

En el año 2005, Ecologistas en Acción ya había denunciado que no se trataba de la corrección de errores cartográficos “lo que aquí realmente ha sucedido es que han modificado la totalidad de los planos del PORN, no sólo la zona del Algarrobico, para acomodar el PORN a los planes urbanísticos de los Ayuntamientos cuyo territorio forma parte del Parque Natural” indicaban por aquel entonces en la nota de prensa. La Secretaría Técnica General de la Junta de Andalucía, reconoce en su informe del 12 de marzo de este mismo año, que esa manipulación de la planimetría no tiene validez legal alguna.

No sólo la Junta de Andalucía ha tenido responsabilidad en el asunto, según IU. El Ministerio de Medio Ambiente sabía que la servidumbre era de 100 metros desde el año 1998 y así se lo hizo saber al Gobierno Municipal de Carboneras en un informe preceptivo y vinculante. También la Promotora Azata, responsable de la construcción sabía que los terrenos se asentaban en un paraje Natural y que la servidumbre era de 100 metros, tal y como ahora ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia.

Para Ascensión de las Heras, tras los últimos pronunciamos judiciales nada impide la demolición del hotel Algarrobico, ya que según hace constar, se trata de una “de las mayores agresiones urbanísticas sufridas por el litoral español durante la más reciente especulación inmobiliaria”.