Según las declaraciones públicas oficiales, desde el comienzo de los disturbios más de un millar de personas continúan detenidas sin que existan informes de presentación de cargos contra ellas, ni de que hayan sido juzgadas tras las protestas, que aún continúan. Según informaciones fiables de organizaciones tibetanas y de los medios de comunicación, las personas que participaron en las protestas han sufrido torturas u otros tipos de malos tratos bajo custodia o han resultado heridas o muertas debido al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, a muchas personas detenidas se les ha negado el acceso a sus familiares o abogados.

No hay actualización oficial del número de aprehensiones y detenciones. Muchos cientos, tal vez miles de tibetanos y tibetanas languidecen en cárceles o centros de detención sin que el gobierno reconozca públicamente su paradero ni los acuse oficialmente de algún delito común.

Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional ha manifestado “Las autoridades chinas están respondiendo únicamente con represión y operaciones severas de seguridad a una situación ya de por sí inestable, en lugar de abordar las quejas, que vienen ya de largo, manifestadas por los tibetanos sobre la situación de los derechos humanos, el gobierno chino debe garantizar que la investigación sea independiente, imparcial y efectiva. También debe investigar sin demora los demás informes de uso excesivo de la fuerza”,

Amnistía Internacional ha reiterado su petición de que el gobierno chino permita el acceso al país a observadores internacionales, como por ejemplo al relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.