“Euros por la cara”

Como debe saber la concejal Ávila, una tasa municipal es el cobro de unos servicios prestados por el ayuntamiento, con la característica, de que no puede exceder el total de lo cobrado, el montante total de lo gastado que ocasiona su prestación, sea tasa de basuras, de aguas, de alcantarillado o la Tasa de Inspección y Control de canteras. Este cobro está fundamentado, en que dicho total no puede superar el importe estimado en un estudio avalado por los servicios municipales de Intervención y Tesorería que justifiquen este gasto. Por ello, dichos servicios elaboraron en el año 2000, un informe que evaluaban ese coste municipal por el control e inspección de canteras en cien millones de las antiguas Ptas. (seiscientos mil euros) como cantidad que las empresas deberían de pagar al ayuntamiento por este servicio de control de inspección. Ante la imposibilidad de saber cuanto era el volumen extraído, pues el ayuntamiento no tiene datos, ni declaraciones oficiales, ya que eso corresponde a la consejería de Minas, ni tampoco la posibilidad de pesar cada camión, se estableció un precio aproximado sobre una presunta cantidad de árido extraído calculada de forma aleatoria para cubrir ese máximo de cien millones.

El total de lo recaudado, no puede exceder de seiscientos mil euros anuales porque ese es el coste evaluado por los servicios técnicos municipales y dicho precio por tonelada se estableció sobre volúmenes de extracción estimados en el año 2000, que pueden ser distintos a los que se produzcan en el año 2006.

Eso lo debe de saber la concejal Ávila, de la misma manera que sabe que en el año 1992, el ayuntamiento presidido por A. Vega firmó un convenio por el cual las empresas abonaban al ayuntamiento 25 millones de Ptas. anuales de compensación a cambio de una serie de condiciones.

Con la llegada al poder del actual alcalde Joaquín Villanova, este consideró que dicho convenio tenia una compensación monetaria exigua para las molestias y gastos que sufría el municipio como consecuencia de las canteras, así como perjudicial para los intereses vecinales, por lo cual derogó dicho convenio, estableciendo una Tasa de Control e Inspección cifrada en esos seiscientos mil euros, ya que fue esa la cantidad calculada como gasto por los Servicios Municipales.

Dicha Tasa fue recurrida por las empresas por considerarla ilegal interponiendo un contencioso administrativo, que se encuentra aun en periodo de instrucción. También  desde la Junta de Andalucía, se instó a este ayuntamiento a retirar dicha Tasa y otra Ordenanza de Condiciones Técnicas de Explotación que regulaba la forma en que las empresas deberían de extraer el árido, basándose en que este Ayuntamiento no tenia competencias para “controlar e inspeccionar” las canteras, por tanto, si según la Junta, no se podía controlar e inspeccionar por parte municipal, es de Perogrullo, que tampoco se puede cobrar por realizar esta tarea.

Item mas, este ayuntamiento tuvo conocimiento de que numerosos pueblos de España habían intentado con anterioridad cobrar a las canteras establecidas en su término una tasa similar y todas las ordenanzas de tasas estaban paralizadas y recurridas, más aún, el caso particular conocido del pueblo de la Rinconada en Sevilla, donde una sentencia del TSJA había invalidado dicha tasa declarándola ilegal.

Además de ello, en 2005 una sentencia del TSJA, anulaba cautelarmente la aplicación de ciertos artículos de nuestras NNSS, que tratan sobre control de las canteras. Esta decisión judicial, junto con los antecedentes antes indicados, presupone que el ayuntamiento no tiene competencias en el control e inspección, por tanto no puede aplicar una tasa. En pocas palabras, que el contencioso interpuesto por las empresas de que  esta tasa es ilegal, tiene muchas posibilidades de prosperar y que los tribunales pueden anularla como sucedió en la Rinconada.

Ante ello, se consideró prudentemente que era mejor no cobrarla y esperar a la resolución judicial, porque su cobro implicaría, caso de que los tribunales dieran la razón a las empresas, que habría que devolver el dinero cobrado, más intereses y gastos.

Sin embargo, este Ayuntamiento en defensa de los intereses de todos, siguió contabilizando año tras año en sus cuentas municipales esos 600.000 euros anuales como una deuda de las empresas, que asciende en estos momentos a 3,6 millones de euros.

En enero de este año, cuando se firmó el Acuerdo Marco, dentro de las durísimas veinticuatro horas de negociación sin interrupciones que se mantuvieron con las empresas, Junta y sindicatos, este Ayuntamiento en defensa de los intereses vecinales, consiguió el compromiso de pago de las empresas de estos 3,6 millones de euros, independientemente de lo que digan los tribunales en un futuro sobre si dicha deuda es legal cobrarla o no. Alcanzando además que las empresas abonen al pueblo como compensaciones, dos millones de euros anuales (mas del triple de la tasa) mientras duren los trabajos de restauración fijados en siete años.

Todos los medios de comunicación y opiniones autorizadas consideran ese acuerdo como “ventajosísimo para el pueblo de Alhaurín de la Torre” el gran triunfador de la pasada huelga de canteras, ya que no solo obtiene la Restauración de la Sierra, el mantenimiento de los puestos de trabajo, suministro de árido al sector de la construcción consecuencia de las tareas de restauración, sino además unas compensaciones económicas importantes para el vecindario por las molestias causadas.  Y además de ello se cobra una deuda de 3,6 millones, que tiene casi todas las papeletas de que los jueces la declararan impropia.

“Posiblemente” (hasta que hablen los juzgados) y remarco que “posiblemente”, serán 3,6 millones cobrados “por la cara”, pero razonables y totalmente justificados por las molestias que las empresas ha ocasionado al pueblo durante estos años. Han sido solicitados a quienes deben de pagar por esos daños, las canteras, muy al contrario de los doscientos mil euros “por la cara” que la concejal Ávila y la concejal Ruiz de IU, han solicitado de los vecinos y pueblo de Alhaurín de la Torre, consecuencia de unos presuntos “daños en su salud y patrimonio” y que al no aportar prueba alguna, el Ayuntamiento acaba de desestimarles. Si ellas consideran que la existencia de canteras les ha producido esos “presuntos daños”, que se los reclamen a las empresas, como ha hecho este Ayuntamiento defendiendo el interés de los alhaurinos.

Esa es la diferencia principal entre Joaquín Villanova y Mercedes Ávila. Mientras uno ha conseguido gracias a su tesón y su pelea con las empresas conseguir 3,6 millones de “euros por la cara” para el pueblo, la otra, quiere doscientos mil “euros por la cara” de las arcas municipales por reclamación individual. Esta petición ha sido desestimada, ¿que va a hacer ahora  la Sra. Ávila?, ¿demandar en los tribunales al Ayuntamiento?. Sería interesante conocerlo.

Esa es la demostración mas clara de que intereses defienden el uno y la otra. Villanova el colectivo, Ávila el particular. Esa es mi opinión como conocedor del asunto y juzguen ustedes.

Luis Bravo