Desmentido municipal sobre el cobro de las tasas a las canteras

La noticia anunciada por IU hoy de que el ayuntamiento dejará de cobrar 21 millones de euros en concepto de tasas a los canteros desde el año 2000 ha sido calificada por el alcalde de “una soberana majadería, un auténtico esperpento con muy  poco rigor ya que no tiene fundamento, ni en cantidad ni en los condicionantes acusar a este Ayuntamiento de dejar de cobrar,”. El alcalde aclara que  precisamente es lo contrario de lo que IU denuncia, ya que el ayuntamiento va cobrar una tasa a los canteros de difícil justificación, que está recurrida en los tribunales por las empresas y que algunos ayuntamientos como el nuestro han intentado recaudar y ninguno lo ha conseguido, incluso alguno de ellos, como el de la Rinconada en Sevilla su tasa de inspección y control, similar a la aprobada por este ayuntamiento, fue derogada por sentencia del TSJA por encontrarla no legal ni justificada.

El Acuerdo Marco firmado por este Ayuntamiento el 13 de enero de este año, ya recoge la predisposición de los canteros a abonar las cantidades deudoras por la tasa de inspección y control reflejadas en las cuentas municipales de cada año, que ascienden a 600.000 euros anuales (cien millones de las antiguas ptas), 3,6 millones de euros en total por los seis años 2000-06. En su párrafo segundo del anexo I “Medidas compensatorias a financiar o ejecutar por las empresas al ayuntamiento de Alhaurín de la Torre” dice textualmente: “En el acto de otorgamiento de las licencias se aportaran por las empresas 4.2 millones de euros a cuenta de los importes futuros, a deducir de la liquidación de los primeros ejercicios. De esta cantidad 3.6 millones- que corresponden a la tasa de inspección y control que se convertirá en donación si se declarase la invalidez por sentencia judicial”  Por tanto, las empresas pagarían esa deuda de los seis años precedentes y no sería dicha cantidad reembolsable, sino que se convertiría en una donación, si los tribunales, -como ha sucedido en el caso de la Rinconada- invalidaran esta tasa por entender que la misma no es legal ni justificada. 

  Breve Cronología de  hechos:

En 1992, el entonces alcalde A. Vega de ASIAT, firmó un convenio con las empresas de canteras, por el cual estas se comprometían al pago de 25 millones de Ptas. en concepto de compensaciones al pueblo a cambio de una serie de  condiciones. En 2000 el alcalde J. Villanova dos años antes de que expirara dicho convenio, lo derogó entendiendo que el mismo era perjudicial para los intereses municipales y sustituyó dicho pago, por una Tasa de Inspección y Control que según los informes elevados por Intervención Municipal y Tesorería ascendía a 100 millones de Ptas. (600.000 euros) anuales Las empresa acudieron a los Tribunales entendiendo que dicha Tasa era ilegal e injustificada, estableciendo una demanda judicial contencioso administrativa que aun no ha sido resuelta. La Junta de Andalucía informó a este ayuntamiento que no tenía competencias sobre el control de canteras, ya que estas estaban sometidas según la actual ley de Minas a control autonómico, y advertía que este ayuntamiento se abstuviera de realizar ningún tipo de norma sobre control de las canteras, ya que no era su competencia, instando a  que se derogara una Ordenanza elaborada por este Ayuntamiento, Ordenanza sobre el control de las explotaciones, por entender la Junta que dicha ordenanza estaba fuera de las competencias municipales. Este Ayuntamiento tiene por auto judicial, suspendidos provisionalmente algunos articulas de sus Normas Subsidiarias de Planeamiento relativas a control de canteras.

Este Ayuntamiento tuvo conocimiento de que numerosos municipios de España habían interpuesto ordenanzas de control similares a las establecidas por este e incluso uno del que se tuvo noción, La Rinconada de Sevilla, dicha tasa había sido derogada por el TSJA. Ante estas perspectivas, este Ayuntamiento decidió no ejecutar el cobro de dicha tasa y esperar a la resolución judicial, ante el riesgo de que si dicho cobro se efectuaba, luego fuera preciso reembolsarlo con intereses si se daba una resolución desfavorable. A pesar de esto, en las cuentas municipales se fueron consignando periódicamente los 600.000 euros de deuda que ascendían a 3,6 millones en  este año de 2006. El 13 de enero de 2006 en el Acuerdo Marco firmado, los canteros se comprometieron al pago de esta cantidad, 3,6 millones, a pesar de ser un contencioso todavía en trámite y con la obligación  de no solicitar su devolución caso de que los tribunales fallaran a su favor y la tasa fuera declarada ilegal, transformando dicha cantidad en una donación. Por todo ello este ayuntamiento rechaza las acusaciones realizadas por IU, entendiendo que

1º.- No son tres millones de euros anuales los que contempla dicha tasa, sino seiscientos mil.

 2º.- No han prescrito ni son incobrables los cobros de 2000 y 21001, ya que las canteras en la firma del Acuerdo marco efectuada en enero reconocen la deuda y su disposición a pagarla.

3º.- Se derogará dicha tasa, ya que el acuerdo alcanzado en esa fecha recoge unas compensaciones económicas al pueblo de Alhaurín de la Torre de dos millones de euros anuales, sensiblemente superior a los 600.000 euros que se recaudarían con la tasa.

4º.- Según todas las informaciones, antecedentes y evaluaciones efectuadas por los juristas, es altamente improbable que dicha tasa sea aplicable y no sea derogada por los tribunales de justicia.

5º.- A pesar de los antecedentes expuesto y de que dicha tasa tiene probabilidades de ser invalidada jurídicamente, este Ayuntamiento ha conseguido el compromiso de pago de la misma durante estos seis años.