Más allá del recurso que la PDSS presentará contra esta sentencia por estar en desacuerdo con algunos de sus argumentos, olvidaba el Ayuntamiento explicar que esto es así porque la licencia se ampara en el Plan Especial anteriormente mencionado sobre el que el juez no tiene competencias ya que, según se lee en la sentencia, “como instrumento de planeamiento que es, está excluido al conocimiento de los Juzgados Contencioso-administrativo y atribuidos a los TSJ…”pero del que opina que es ILEGAL. Dice la sentencia textualmente:  “Todo ello sin perjuicio de que estimemos NECESARIO PLANTEAR CUESTIÓN DE ILEGALIDAD DEL PLAN ESPECIAL…..y que de ser estimado, obviamente implicarían la nulidad de la licencia objeto del presente recurso.”
Es decir, que más allá de la opinión que la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra lleva manteniendo desde el principio, a criterio del juez el Plan Especial que ampara la actividad minera es también ilegal. El hecho de que tenga que ser el TSJA el que lo determine, en tanto que es el competente en estos temas, demorará la sentencia definitiva que anularía todo lo que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y la Junta de Andalucía han urdido para mantener la actividad extractiva incumpliendo la sentencia de cierre del TSJA de 2005.

La PDSS, en previsión de que llegado este momento se vuelvan a recuperar los demagógicos argumentos de 2005 de pérdida de empleos y paralización de la construcción como motor económico de la zona, quiere recordar las propuestas que ya hizo en su momento y que se resumen en la elaboración de un plan (al menos a nivel regional) de creación de una red de plantas de reciclado de escombros, convenientemente ubicadas lejos de zonas urbanas y de áreas de interés ambiental, con la obligatoriedad de depositar allí los mismos y de usarlos como primera opción de suministro de áridos con lo que se reconvertirían parte de los empleos de las canteras a las plantas de reciclado. Sobre el transporte de áridos no habría incidencia alguna ya que los camiones deberían ir a cargar a las plantas de reciclado en lugar de a las canteras. El exceso de demanda, de haberlo, se vería cubierto por la creación decanteras que, cumpliendo las leyes(al contrario de lo que viene sucediendo en Alhaurín desde hace décadas), se ubicarían igualmente lejos de zonas urbanas y de áreas de interés ambiental.
De haberse iniciado en su momento acciones en este sentido, podríamos estar ya, cinco años después, ante un nuevo escenario de gestión de áridos respetuoso con la salud y el medio ambiente. Sin embargo, los esfuerzos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se centraron en la elaboración de un Plan de Reexplotación  Minera  FRAUDULENTO que, eludiendo la sentencia de cierre, permitió el mantenimiento de la actividad extractiva con el pretexto de la restauración.
Si el TSJA confirma la impresión de ilegalidad expresada por el juez en la sentencia de la pasada Navidad, volveremos al escenario de 2005, pero con la Sierra aún más esquilmada tras más de un lustro de prórroga de la explotación ilegal.
Por todo ello, la PDSS propone a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que tome en consideración estas propuestas y se congratula de que la justicia reconozca que el Plan Especial no fue más que otro FRAUDE de estas administraciones de acuerdo con los empresarios que  desde hace más de 30 años,  esquilman la sierra de Mijas de forma ”ilegal y clandestina”.

Eduardo Sáez Maldonado
Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra