La investigación que lleva el juzgado jiennense se inició en el 2010 a raíz de una denuncia presentada por la Agencia Tributaria. Pero tras conocerse que el contenido de la declaración del conductor apunta directamente al principal imputado por la trama de los ERE, la juez ha pedido que este caso se incorpore por el momento a la pieza general que se instruye en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla. Hasta ahora se han detectado 72 intrusos, 111 prejubilaciones anómalas y ayudas sin control por valor de unos 20 millones de euros.
Después de serle registrado su domicilio y declarar voluntariamente, el chófer de Guerrero quedó imputado por dos supuestos delitos de fraude en subvenciones. Ante el juez explicó que empezó a trabajar para el ex director general de Empleo en el 2002 y que se entabló una relación de amistad. De esta forma, llegó a recibir dos subvenciones de 450.000 euros cada una para dos empresas de su propiedad, una de iniciativas turísticas y otra de asesoramiento.

Dinero en mano
Sin embargo, el dinero nunca llegó a su destino ni se fiscalizó su uso. El chófer, J. F. T., entregó parte del dinero en mano al propio Guerrero, además de comprarle material de telefonía y música, ropa y antigüedades. Otra parte la destinó a la adquisición de un terreno en la sierra para casas rurales y un piso en el centro de Sevilla, y también destinó dinero a «comprar cocaína para su jefe y para él, así como para ir de fiesta y copas». Una acusación que ha negado el letrado del exdirector de Trabajo, que ha anunciado su intención de querellarse contra su antiguo chófer.
En su declaración, el conductor aseguró que Guerrero le aseguró una tarde que tenía «potestad» para «conceder subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada», e incluso le orientó acerca de los pasos a dar para beneficiarse de dichas ayudas. Un dinero que salía de una partida que el propio exdirector de Trabajo llegó a definir más tarde ante la Guardia Civil como «fondo de reptiles».
La indignación política tras conocerse la noticia, adelantada ayer por varios medios de comunicación en Andalucía, no se ha hecho esperar. Desde el PSOE, la secretaria de Organización Susana Díaz apuntó que de confirmarse sería un hecho «muy grave» y pidió celeridad a la justicia para que el peso de la ley caiga cuanto antes sobre los culpables. Desde el PP no han dudado en calificar el escándalo de «indecente, impresentable e intolerable».