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Greenpeace pedirá hoy al gobierno en el consejo nacional del clima que no favorezca al sector industrial en el control de las emisiones de CO2
El Gobierno pretende dejar que España que contamine más del doble de lo permitido por Kioto

Greenpeace. 19.07.06 

El Consejo Nacional del Clima se reune esta tarde para debatir el nuevo Plan Nacional de Asignación 2008-2012 (PNA 2), presentado por el Gobierno el pasado día 12 de julio y en trámite de información pública en la actualidad.Greenpeace, en calidad de miembro del Consejo Nacional del Clima, pedirá profundas mejoras en este Plan. La finalidad que debe perseguir el PNA 2 es garantizar en el corto plazo el cumplimiento de los compromisos asumidos por España al ratificar el Protocolo de Kioto, esto es en el periodo 2008-2012 no superar en más de un 15% las emisiones del año 1990 al menor coste posible para el conjunto de la sociedad, y el estímulo del desarrollo y la difusión de tecnologías de baja intensidad en consumo de carbono con la finalidad de obtener mayores reducciones en las emisiones a largo plazo. Para lograrlo, Greenpeace pide que se reduzca la asignación al sector eléctrico en la cuantía necesaria para que España no exceda el 15%.


Este borrador del PNA permite a los sectores industriales en conjunto aumentar sus emisiones un 37%, tal como las propias industrias tienen previsto sin hacer ningún esfuerzo adicional. Con este enfoque, prácticamente el único esfuerzo en la reducción de emisiones se le deja a los sectores no cubiertos por el sistema europeo de comercio de emisiones, los llamados sectores "difusos", esto es el transporte, los servicios, el sector doméstico, etc...

Asumir que las emisiones españolas se queden en el 37% por encima de 1990 supone exceder en un 22% el límite que Kioto establece para España (15%). En vez de reducir las emisiones, la pretensión del Gobierno con el PNA es que entre todos paguemos por ese exceso del 22%. "Kioto es para contaminar menos y evitar un cambio climático peligroso. El Gobierno renuncia a reducir las emisiones asumiendo el coste económico de contaminar más de la cuenta, y dejando que a los que más contaminan, las industrias, les salga gratis". dijo Raquel Montón, responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace.

El Plan Nacional de Asignación a nivel macro recoge la cantidad total de derechos disponibles en cada periodo, y a nivel micro determina la forma de asignación de estos derechos a cada instalación. A nivel macro determina el grado de utilización del comercio de emisiones europeo para lograr sus objetivos en materia de emisiones. Es decir, establece cómo "dividir el pastel": ¿Cuántos derechos deben asignarse a los sectores industriales y cuáles son las emisiones esperadas de los sectores difusos? Este "pastel" se ha dividido de manera que el sector industrial se lleva la mayor parte del "pastel" (152,66 Mt), un 46% del total de emisiones posibles según Kioto (330 Mt), siendo un sector que representa menos de esta cantidad en la actualidad y cuya tendencia es que su porcentaje disminuya, tal como indica el PNA.

De manera similar, no se está utilizando el sistema de manera efectiva para dedicar inversiones a largo plazo a tecnologías limpias necesarias para lograr objetivos respecto del cambio climático rigurosos a medio (2020) o a largo plazo (2050). En la UE se considera necesario lograr reducciones de emisiones del 15-30% para el año 2020 y del 80% para el año 2050 para el conjunto de los países industrializados a fin de evitar que la temperatura global suba 2°C por encima de los niveles preindustriales.

Por encima de la dificultad de la convergencia económica con la UE y la limitación del crecimiento de las emisiones, la finalidad primera del Plan Nacional de Asignación debe ser la lucha contra el cambio climático, y el principal propósito del uso de un sistema de comercio de emisiones para atajar el cambio climático es económico, la obtención de un objetivo de emisiones dado a un coste mínimo para el conjunto de la sociedad. De esta forma, los sectores con medidas de reducción más económicas deberían contribuir con más reducciones (relativamente) a fin de lograr el objetivo de emisiones. Sirva como ejemplo el diferente trato fiscal que se aplica dependiendo del nivel de renta, no seria justo aplicar un reparto lineal a todos los niveles, por la misma razón lo justo es pedir que reduzcan más aquellos a los que más barato les sale reducir, de esta manera la sociedad en su conjunto minimiza los costes ocasionados por el cumplimiento de sus objetivos.

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