¿También con los discapacitados
(De mi puño y tekla)

¿Qué más puede ocurrir en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía? Según noticias aparecidas en un diario de amplia difusión nacional, nuevamente aparece otro presunto fraude en el citado organismo autonómico, en este caso, con la contratación de minusválidos, despedidos al poco tiempo sin abonarles ni un céntimo por el trabajo realizado. Cuando todavía sigue en plena efervescencia el escándalo de los EREs, ahora, los perjudicados son los discapacitados, prometiéndoles contratos indefinidos subvencionados por la Consejería de Empleo.

   El supuesto engaño ha sido denunciado por particulares afectados y sindicatos ante la Inspección de Trabajo. Como respuesta por parte de la Consejería que dirige Manuel Recio, se limitan a comunicar que: “estudiarán el modo de controlar el uso de subvenciones”. ¿Es seria esta contestación? Al parecer, desde la Fiscalía Superior del TSJA, se han incoado diligencias solicitándose un informe a la Policía Judicial, contemplándose tres posibles infracciones penales: fraude de subvenciones, delito contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.

   Ahora resulta, para complicar algo más este sucio tema, que el empresario investigado por el uso irregular de las ayudas, manifiesta que “no ha recibido el dinero que debería abonarle la Consejería de Empleo por contratar discapacitados “a los cuales, según su versión, ha pagado religiosamente. Dicho empresario, además, tiene presentada una querella admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción contra varios cargos de la Consejeria de Empleo, por supuesta estafa, prevaricación y apropiación indebida de las ayudas procedentes de la UE para “incentivar la contratación de discapacitados. ¿Dónde han ido a parar tales ayudas?, ¿a cuanto ascienden?

   Una vez más, la oposición, que en ocasiones llega tarde, mal y nunca, ha anunciado a través de la portavoz regional (PP andaluz), Rosario Soto, que su partido solicitará “una comisión de investigación”, que como ha sucedido históricamente, jamás Chaves  ni Griñán han autorizado. Si tal como manifiesta la citada portavoz “se está estafando a los andaluces con el mal uso de este dinero”, lo que corresponde es dejarse de majaderías y acudir al Juzgado de Guardia y presentar la correspondiente denuncia.

   Si en efecto llega a demostrase que estamos ante un nuevo delito, resultaría vergonzosamente inmoral que alguien, quien sea, pudiera llegar a lucrarse con los fondos destinados a unos seres humanos, que si algo necesitan es colaboración y lo merecen todo por parte de la sociedad. Investíguese a fondo, con todas las consecuencias y si hay culpables, que se pudran en la cárcel.

Atentamente.
José-Tomás Cruz Varela